La oposición, salvo el PSOE, pide excluir a la Guardia Civil de la aplicación del Código Penal Militar

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU reclaman en sus enmiendas parciales al proyecto de ley del nuevo Código Penal Militar excluir a los miembros de la Guardia Civil de esta norma, ya que consideran que el Instituto Armado, salvo ciertas misiones concretas que se le pueden encomendar de carácter militar, realiza funciones principalmente policiales.

Salvo contadas excepciones, en las enmiendas de estos grupos parlamentarios, recogidas por Europa Press, se solicita que se suprima cualquier referencia a la Guardia Civil de todos los artículos del proyecto de ley.

El PSOE, sin embargo, no hace en sus enmiendas parciales ninguna reclamación al respecto y el Grupo Popular tampoco, por lo que no es probable que las sugerencias del resto de grupos sobre este asunto salgan adelante.

La Izquierda Plural, UPyD y CiU coinciden en señalar que a los miembros de la Guardia Civil el Código Penal Militar sólo se les debe aplicar en tiempos de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden y mientras se encuentren integrados en unidades de las Fuerzas Armadas.

NO ES AUTORIDAD MILITAR

De este modo, piden que se suprima del Código la figura del director general de la Guardia Civil como autoridad militar, ya que "su ámbito de responsabilidad administrativa y política está definido y delimitado adecuadamente en el ordenamiento jurídico vigente, sin que sea necesario otorgarle esta condición que nunca ha tenido".

Por otra parte, reclaman que se supriman todos los artículos en los que, a su juicio, se tipifiquen delitos que "exceden a la jurisdicción castrense". Y es que consideran que el proyecto del Gobierno regula como delitos militares ilícitos penales ya recogidos en el Código Penal común, por lo que consideran que con la redacción actual "habría un número mucho mayor de delitos militares tipificados con respecto a los del Código Penal Militar de 1985".

CiU también plantea que en el artículo 48 del proyecto, dentro del capítulo referente al abuso de autoridad, se añada que a los miembros de las Fuerzas Armadas que pertenezcan a una asociación profesional de militares como colectivo contra el que el superior no puede ejercer abuso de autoridad. En caso de que lo haga, la pena es de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse también la pérdida de empleo.

Por su parte, el PSOE incluye en sus enmiendas algunas recomendaciones de carácter técnico, empezando por un cambio en el nombre de la ley: en lugar de Código Penal Militar, sugiere que pase a ser Ley Orgánica Penal Militar, ya que considera que la reducción de artículos con respecto a la anterior norma "hace que carezca de sentido la denominación de código".

PENAS "EXCESIVAS"

Los socialistas también plantean añadir un nuevo tipo de sanción: "la pena de localización permanente de dos meses y un día a seis meses" para delitos menos graves, al tiempo que proponen modificar el artículo 12 para que la pena de prisión pase de tener una duración mínima de dos meses y un día a tres meses y un día y una máxima que pase a ser de 25 años a 20.

En general, el Grupo Socialista considera "excesivas" algunas de las penas de prisión que se establecen en el Código Penal Militar propuesto por el Gobierno. Así, por ejemplo, pide modificar el artículo 52 para que la pena por simular enfermedad en caso de conflicto armado o estado de sitio por temor a un riesgo personal pase de tres años y un día a diez años a ser de uno a tres años de prisión.

Asimismo, el PSOE tampoco entiende que este nuevo Código Penal Militar se aplique a los civiles españoles y que se les pueda someter a la jurisdicción militar en caso de conflicto armado. En el proyecto original se considera "traidor" al español que difunda, falsee o inutilice información clasificada como reservada o secreta o de interés militar susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, y la pena que se impone es de 15 a 20 años de prisión. Los socialistas proponen que no se aplique a los civiles.