PSOE, IU y UPyD preguntan a Defensa por qué no desclasifica 10.000 documentos declarados secretos entre 1936 y 1968

En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, sostuvo que este paso no es "una prioridad" y sin embargo requiere "un enorme trabajo", además que de sólo contribuiría a "generar ruido". "Creo que no es ni una prioridad de Defensa ni una prioridad de la sociedad, y estamos en otras cosas mucho más importantes. Y no lo digo por sentido de ocultación", defendió el ministro.

Sin embargo, esta respuesta no convenció a los grupos parlamentarios de la oposición, que han registrado en el Congreso sendas preguntas al Gobierno para su contestación por escrito exigiendo detalles sobre la decisión y pidiendo a Morenés que detalle por qué ha paralizado esta operación. En esta línea va la pregunta del portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Diego López Garrido.

De la misma forma, el diputado de Izquierda Plural José Luis Centella sostiene que la desclasificación de estos documentos ya fue aprobada por el anterior equipo del Ministerio, dirigido por Carme Chacón, y pregunta a Morenés qué documentos considera ahora que pueden "dañar a terceros y perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país".

Además, revela que contenían información relativa a los campos de concentración franquistas y quiere saber si el Ejecutivo piensa que estos datos no deben ser conocidos por los españoles. "¿A quién cree que puede perjudicar que se conozcan los datos relativos a los campos de concentración y los batallones de trabajo?", pregunta.

"¿RESPUESTA POLÍTICA?"

En el mismo sentido ha formulado su pregunta la portavoz de Defensa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano, que sostiene que expertos que revisaron con anterioridad los documentos determinaron que su difusión no suponía riesgo para la seguridad y los intereses nacionales.

Por ello, pregunta al Gobierno si su decisión de paralizar ahora el proceso se trata de una "respuesta política" ante una cuestión técnica y cuestiona también si esta medida es acorde con la futura Ley de Transparencia en la que trabaja el Ejecutivo y que está a punto de llegar al Congreso.