El PSOE cree que la Iglesia se "apropie" de bienes públicos" es "el mayor escándalo inmobiliario de la democracia"

El Grupo Socialista en el Congreso considera que la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es "el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia".

La declaración se produce después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, y sus portavoces de Economía y Justicia, Juan Moscoso del Prado y Rosa Aguilar, se hayan reunido con las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, con el objetivo de estudiar conjuntamente cuál es la estrategia más adecuada para lograr la reversión de todos los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia Católica en toda España.

En una nota de prensa, los socialistas han explicado que se han valorado las "diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que compartimos plenamente" y que se ha acordado con las plataformas "coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias para lograr su reversión".

En cualquier caso, el PSOE no detalla si entre esas actuaciones jurídicas está recurrir ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación de los bienes, algo que demandan las plataformas y que requeriría la firma de, al menos, 50 diputados.

Al respecto, Moscoso del Prado ha mantenido que la inmatriculación ha sido posible gracias a la reforma legal introducida por el Gobierno de Aznar en el 1998, que permitió a la Iglesia Católica, "desde el mayor de los secretismos", inmatricular bienes "hasta que la dimensión de lo apropiado saltó a la opinión pública, de nuevo con un gobierno del PP, que sigue avalando este escándalo".

Así, ha concluido advirtiendo de que el Gobierno de Rajoy "está dispuesto a amnistiarlo para siempre, negándose incluso a que se conozca el inventario de todos los bienes apropiados por esta vía inconstitucional y sustentada en una ley franquista".