El PSOE ratifica su 'no' a la Ley de Transparencia y el PP lo achaca a la "frustración" por "incapacidad" parlamentaria

El PSOE ha reafirmado este jueves su intención de votar en contra de la Ley de Transparencia, que se debate en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado, entre otras cosas, por el empeño del PP en vetar las peticiones de la oposición para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé cuenta en la Cámara del 'caso Bárcenas', una posición que el Grupo Popular ha achacado a la "frustración" de algún miembro de la bancada socialista y a la "incapacidad parlamentaria" del primer partido de la oposición.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preferido no entrar en los "motivos y razones" aducidos por el PSOE para desmarcarse de la ley, pero ha subrayado que el Ejecutivo "no descansará" durante el trámite en el Senado para poder incorporar a más grupos a la norma. "Sólo voy a recordar que la democracia se debe seguir construyendo y regenerando cada día y esta ley es un paso más, un paso humilde, para una democracia más fuerte porque la transparencia hace más fuerte la democracia", ha aseverado.

El encargado de ratificar la negativa del PSOE ha aprobar la ley fue el ponente, José Enrique Serrano, quien destacó que el PSOE ha buscado el consenso pero que finalmente éste no ha sido posible y justificó su voto negativo alegando que, aunque coincide con muchos de sus puntos, ésta "no es la ley del PSOE por razones de fondo y de forma".

"Es un acto falido en términos políticos. No es lo mejor que esta ley salga adelante sin el voto del PSOE, en verdad lo lamento", ha agregado. Pero, a su juicio, es una "contradicción insalvable" que el Gobierno presente la norma como la solución a la corrupción pero a la vez se niegue a dar explicaciones sobre el caso del extesorero del PP.

EL PSOE, EN EL LADO OSCURO

La réplica se la dio el 'popular' Esteban González Pons, quien tildó de "peregrinos" sus argumentos y achacó voto negativo a que el PSOE está "incómodo" por "cómo le va en la oposición" y a que alguno de sus diputados se siente "frustrado". "Hacen pagar a la Ley de Transparencia su propia incapacidad política y parlamentaria", ha remachado, tras avisarles de que si la votan quedarán "señalados para siempre en el rincón oscuro del Congreso" porque "se habrán decantado del lado de la oscuridad".

Pese a todo, garantizó el PP seguirá con "la mano tendida en el Senado" porque ésta debe ser una ley "de todos" y que ha recibido la bendición de la organización Transparencia Internacional. Para González Pons, es una "gran ley, una ley histórica y un paso delante en la lucha contra la corrupción". "Aquí puede haber quien quiera que la corrupción siga viva con tal de que mate al contrario pónganse de parte de los españoles y no se los intereses de sus partidos", ha reclamado, incidiendo en que si la ley la administración española se quedaría "en las tinieblas de toda la vida".

ÚTIL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Desde CiU, el ponente Jordi Jané, se ha congratulado de las mejoras en el texto final y, aunque mantiene discrepancias en algunos puntos, cree que se trata de una ley "importante" que, aunque "llega tarde", que va a ser un "buen bálsamo" contra la corrupción.

El ponente del PNV, Emilio Olabarria, ha señalado que sólo en la tramitación de esta norma ha observado "un parlamentarismo de verdad" por parte del PP en lo que va legislatura, pero ha criticado al Ejecutivo por su reacción ante el 'caso Bárcenas'. Aunque saluda las mejoras en materia competencial, el PNV sigue reclamando que se respete el régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco y que los compromisos que en materia de estabilidad presupuestaria se acuerden en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y no el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Coalición Canaria apoya la norma porque, según ha reconocido su portavoz, Ana Oramas, casi todas sus propuestas han sido incorporadas. A su juicio, la ley "no soluciona todo", pero supone un "paso importante" contra la corrupción.

Por contra, el ponente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Josep Nuet, considera que la ley "nace muerta" y que en realidad es una norma "lampedusiana", impulsada "por el aparato de agitación y propaganda del PP" para que "parezca que hay cambios sin haberlos". Ha insistido en que, al no contemplar el acceso a la información como fundamental, transparencia queda como un derecho "de segunda división".

En nombre de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha protestado por el hecho de que el PP haya pactado enmiendas de PSOE, CiU y PNV, pese a que la suya fue la única formación que ha participado en su tramitación en ponencia. También ha afeado a los 'populares' que incumplan, "el espíritu" de la ley con su negativa a explicar el 'caso Bárcenas'.

A su juicio, se trata de una norma "fallida", entre otras cosas porque no afecta a las entidades rescatadas, y "extraña" porque, por ejemplo, no prevé sanciones para los incumplimientos sobre transparencia y es muy prolija en las mismas en el ámbito del buen gobierno.

GOBIERNO, "COMISARIO POLÍTICO" DE LA CASA DEL REY

Izquierda Plural, Esquerra y el Bloque Nacionalista Galego han criticado que la ley se queda corta en su ámbito de aplicación porque al PP le ha dado "miedo a dar total transparencia a la actividad de la Monarquía", en palabras de la portavoz del BNG, Oalia Fernández Davila, quien considera la norma "un poco paripé".

Nuet ha definido como "comisario político" al miembro del Gobierno --secretario general de Presidencia-- que "filtrará", la información que se demande sobre la Casa del Rey que, a su juicio, "seguirá explicando lo que quiera y ocultando lo que quiera como ahora".

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha destacado la negativa del PP a dar publicidad por ley a las balanzas fiscales y a limitar sueldos de los altos cargos, como pedía su formación. Desde Amaiur, Rafael Larreina, ha vuelto a defender la utilización del 'código abierto' en la información que se ofrezca en aplicación de la ley, un asunto en el que ha coincidido toda la oposición.

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha explicado la iniciativa puesta en marcha por su organización que ha permitido que 2.280 personas opinasen durante cuatro días en Internet sobre la ley y determinasen el sentido del voto de Baldoví en las enmiendas. A su juicio, la norma "nace vieja, corta y coja" y supone "una oportunidad perdida" porque no alcanza todas las entidades que reciben dinero público.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

El Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley y la oposición lo rechaza por que dependerá del Gobierno. "No puede ser una delegación del Gobierno" y ni su presidente "un mandado del ministro de Hacienda", ha proclamado Martínez Gorriarán, mientras que Nuet ha denunciado la no inclusión de la sociedad civil en este órgano.

La mayoría de la oposición también sigue considerando "desmesurados" los límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la que afecte a la seguridad y la defensa, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o 'lobbies' y que se mantenga el silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada.