El PSOE promueve en el Senado la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por ser contraria a la Constitución

La propuesta ha sido presentada ante la Comisión Constitucional del Senado para que se inste a los servicios jurídicos del Estado a investigar si esta Fundación cumple con distintas normas empezando por la Constitución. "No puede ser legal una fundación que enaltece y exalta la dictadura y defiende la vulneración de los derechos humanos que llevó a cabo la dictadura de Franco", asegura el PSOE.

La propuesta va firmada por los portavoces de Constitucional y de Justicia del PSOE en el Senado, Francesc Antich y Tontxu Rodríguez Esquerdo, así como el portavoz del Grupo Socialista, Ander Gil. Con ella reclaman primero que la Abogacía del Estado informe si la organización se atiene a la búsqueda del interés general que deben cumplir las fundaciones según la ley, así como a la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, si defiende la asistencia social y la inclusión social, entre otros valores.

También quieren que los servicios jurídicos estudien si contraviene la Ley de Memoria Histórica, puesto que esta fundación según el PSOE ofrece sus servicios a los ayuntamientos y a los particulares para "ayudar a incumplir" esa norma y para "hacer apología del Franquismo y de sus flagrantes vulneraciones de los derechos humanos".

LEY DE SECRETOS OFICIALES

El informe de la Abogacía tiene que estudiar también, según reclama el PSOE, si la organización cumple con la Ley de Secretos oficiales en relación a la documentación que obra en su poder relativa al dictador y sus actividades, así como los archivos de la Guerra Civil y la dictadura.

También duda el PSOE de que se atenga a los requisitos relativos a hacer público los archivos históricos y a facilitar el trabajo de los historiadores. El PSOE subraya en este punto que la Fundación Francisco Franco ha recibido dinero público de la Administración General del Estado para la informatización y adecuación de sus archivos.

Los socialistas reivindican en la moción que se lleven a cabo los pasos necesarios para extinguir la institución, incluido si fuera necesario el recurso a los tribunales, en el caso de que el informe de la Abogacía les dé la razón. También exigen que se tomen medidas para restablecer la legalidad y exigir responsabilidades.

La iniciativa concluye con un último punto para que se impulse las modificaciones legales necesarias para declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al "odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo".