PSOE, UGT y CCOO denuncian carácter "coactivo y punitivo" de Reforma Local y critican que limite la autonomía local

Al encuentro en Ferraz han asistido el Secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, y el alcalde de Fuenlabrada y miembro de la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Robles, la secretaria Confederal de Política Territorial y Movilización de UGT, Ana Micó, y el secretario Confederal de Relaciones Institucionales de CC.OO, José Campos.

El PSOE y ambos sindicatos han analizado un informe sobre este anteproyecto de ley que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2014 y han señalado que la documentación aportada por el Ejecutivo "no justifica ni avala" esta normativa "en los términos que aparecen en el mismo" y han alcanzado un acuerdo para "luchar" contra una reforma local "que entrañará unas consecuencias desastrosas para los servicios que reciben los ciudadanos de sus ayuntamientos".

En su opinión, es "paradójico" que una modificación de la Ley de Reforma Local que tiene por objetivo fundamental "clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades" acabe por remitir a una ley posterior la regulación del ámbito de intervención municipal "en las materias que siendo propias de las entidades locales pudieran ser concurrentes con otras Administraciones".

De este modo, recuerdan que si finalmente se convierte este anteproyecto en ley, quedarán catalogados como impropios los servicios sanitarios, educativos y sociales, entre otros, por lo que serán las Administraciones autonómicas quienes dispondrán las medidas de racionalización que consideren oportunas.

MEDIDAS DE CONTROL ESTATAL

En un comunicado, tanto los socialistas como los responsables de ambas centrales sindicales han incidido en las "medidas de control, básicamente estatal" que se recoge en el citado informe analizado y el carácter "coactivo y punitivo" de las mismas.

Estas medidas, han explicado, abarcan desde la restricción al acceso a los ingresos procedentes del Estado o la autonomía fiscal, hasta la intervención de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, especialmente en las entidades locales de menor población.

En este sentido, han criticado la "injustificada" limitación de la autonomía local y han denunciado que no se consideren las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia.

En la misma línea, PSOE, UGT y CCOO han lamentado que el informe "ignora" la competencia autonómica en ordenación del territorio y coordinación de las Administraciones Locales; suprime y limita el ámbito de la intervención municipal en la gestión y prestación de servicios de carácter educativo, sanitario o social, y establece un coste estándar de los servicios, que tendrá graves consecuencias en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Por último, han incidido en que el hecho de que si las Administraciones autonómicas asumen finalmente ciertas competencias que ahora son propias de entidades locales como servicios educativos, sanitarios y sociales podrán disponer las medidas de racionalización que estimen oportunas, entre ellas su supresión, "lo que puede justificar que el personal de estos servicios vea afectada la continuidad de su trabajo, al no tener la obligación la administración receptora de asumir su traspaso".

Los 8.000 millones de ahorro que se producirán según el Gobierno será consecuencia, han recordado desde el PSOE y los sindicatos UGT y CCOO, "de la eliminación y privatización de servicios educativos, sociales, sanitarios, deportivos (becas y ayudas, instalaciones deportivas, prestaciones sanitarias, protección de menores, atención a mujeres maltratadas...)".

"Bajo los falsos argumentos del ahorro y la eficacia, la reforma local propuesta por el Ejecutivo hará que los ciudadanos y ciudadanas vean desaparecer y privatizar servicios que reciben de las administraciones locales y que después de 30 años son ya percibidos como propios de sus ayuntamientos", han apostillado.

Por todo ello, han acordado que pondrán todos los recursos a su alcance para paralizar la iniciativa del Ejecutivo y para ello continuarán las reuniones, con el objeto de hacer extensiva la participación a más grupos políticos, organizaciones y colectivos, "y establecer una estrategia conjunta de lucha contra la ley, en la calle y en el Parlamento".