PSOE y oposición contrarios como los jueces de la AN a que el Rey tenga más protección al honor que altos cargos

El PSOE, Izquierda Unida, PNV y UPyD se han sumado a la opinión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y otros tres jueces de este órgano judicial que se oponen a que los miembros de la Casa Real gocen de una protección especial en su derecho al honor.

Así se han expresado diputados y senadores de los diferentes grupos parlamentarios en declaraciones a Europa Press después de que Grande-Marlaska junto a los jueces Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco emitieran un voto particular oponiéndose a la condena del coronel retirado Amadeo Martínez Inglés por un delito de injurias graves a la Corona.

El portavoz socialista en el área de Justicia en el Senado, Arcadio Díaz-Tejera, ha afirmado que la figura del Rey debe ser equiparable a la del resto de cargos públicos, los cuales deben ser conscientes de que tienen "una especial servidumbre respecto a las críticas".

"A mí me parece que en una sociedad activa y vital todo el mundo puede criticar a todo el mundo y quien está en un cargo público sabe que tiene que encajar las críticas que se le formulen por su gestión, siempre y cuando no supongan injurias ni calumnias", ha explicado.

Por su parte, el portavoz del PP en Justicia del Senado, Manuel Altava, recuerda que la Carta Magna y la Constitución fijan que el Rey es el jefe del Estado y que, en virtud de ello, no tiene el mismo rango legal que cualquier ciudadano. "Por lo tanto es lógico que tenga que estar más protegido", ha dicho.

"El Rey es primus inter pares como jefe de Estado. Ese es el principio del que tenemos que partir, que es una protección decimonónica. Se podría debatir cómo debe ser la protección en pleno siglo XXI de los miembros de la Casa Real distinguiendo si actúan de manera privada o pública", afirma.

A MÁS PODER, MÁS RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, se muestra de acuerdo con el parecer de los jueces de que el Rey y su familia deben someterse a un mayor escrutinio y crítica pública. "Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control", dicen los cuatro magistrados de la Audiencia Nacional.

Para Llamazares, cuanto mayor sea el grado de responsabilidad, mayores deben ser las exigencias ciudadanas. "No creo que valga aquello de que a más poder, más impunidad. Al contrario, más transparencia y más responsabilidad", ha remachado.

Tras recordar que su formación ha propuesto despenalizar las injurias a la Corona, Llamazares ha considerado que esta "hiperprotección" junto con la "inviolabilidad" del jefe del Estado es una "herencia de la Monarquía absoluta" que poco tiene que ver con un sistema democrático. "Si no lo entiendo para el Rey, mucho menos para los miembros de la Casa Real que intentan extender ese manto de impunidad que es totalmente impropio", ha añadido en referencia a la investigación sobre la infanta Cristina.

De la misma opinión es el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, que subraya que nadie puede utilizar su cargo como una "ventaja" en materia del derecho al honor.

"Nadie puede no estar de acuerdo con estos jueces de la Audiencia Nacional", ha destacado el parlamentario de la formación magenta, para quien todos los ciudadanos deben contar el mismo nivel de protección mientras no se trate de expresiones insultantes o injuriosas.

En opinión del parlamentario del PNV Emilio Olabarria, la revelación de los jueces refleja la evolución hacia una "desaparición progresiva de privilegios". A su juicio, la Casa Real debería estar "al mismo nivel" que todos los ciudadanos desde la perspectiva del derecho al honor y a la intimidad.

"No puede haber privilegios ni una interpretación favorable", ha manifestado el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarria, para quien la propia Casa del Rey se fortalece al no gozar de ninguna singularidad y estar sometida al mismo nivel de transparencia que otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Congreso o el Senado.