El PSOE se reúne para diseñar su oposición frontal al endurecimiento del Código Penal y a la subida de tasas judiciales

Dirigentes del PSOE de toda España se reunieron esta semana en la sede nacional de Ferraz para debatir las políticas de Justicia y trazar una estrategia de oposición frontal a medidas como el endurecimiento del Código Penal o la subida de las tasas en segunda instancia, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

El encuentro se produjo el pasado miércoles y fue convocado por el secretario de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Antonio Hernando. La reunión de trabajo concentró a consejeros autonómicos de Justicia y a miembros de esta Comisión del Congreso y del Senado, junto a sus portavoces Julio Villarrubia y Arcadio Díaz Tejera.

Los presentes hicieron un repaso general al estado de la Justicia y a los compromisos anunciados por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, criticando que, de momento, la cascada de declaraciones se han concentrado en muy pocos proyectos presentados.

Las fuentes consultadas han explicado que se denunciaron "los titulares ultraconservadores" y las "barbaridades" expuestas por el ministro al entender que sus medidas recortan derechos y libertades fundamentales.

Los asistentes coincidieron en que la mayor parte del presupuesto de Justicia para el presente ejercicio irá destinado a gastos de personal, por lo que queda una dotación insuficiente para cumplir con sus compromisos y trabajar por unos juzgados más modernos y eficientes.

RUPTURA DE LAS REGLAS DEL JUEGO

Una de las principales conclusiones alcanzadas giró en torno a la ruptura del consenso que supone el cambio propuesto por el Gobierno en la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean designados por los propios jueces, en vez de por los grupos parlamentarios.

El principal grupo de la oposición considera que esta medida "rompe las reglas del juego" al tratarse de un "intento de controlar políticamente" esta institución por parte de un colectivo de 5.000 jueces y magistrados, frente al órgano que representa la soberanía popular como es el Parlamento.

Otro de los principales puntos de debate giró en torno a la reforma del Código Penal, que incluirá medidas como la anunciada prisión permanente revisable o la custodia de seguridad tras el cumplimiento de la condena. Los dirigentes recordaron que España cuenta con uno de los textos más severos de Europa y que algunas de las propuestas pueden ser inconstitucionales.

A su entender, la modificación de este texto legal no puede aprobarse de forma unilateral, sino que debe contar con el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas al regular derechos fundamentales de los ciudadanos. La última gran reforma del Código Penal fue aprobada en 2010 por el anterior Gobierno socialista.

Los socialistas también expusieron su oposición frontal a la subida de las tasas judiciales al entender que choca contra el derecho a la tutela judicial efectiva y que disuadirá a los trabajadores que quieran interponer litigios al verse afectados por la reforma laboral. Entienden que es un intento de crear una Justicia para ricos y otra para pobres.

PUNTOS DE SINTONÍA

Entre los puntos que pueden concertar una mayor sintonía entre socialistas y 'populares' se encuentra el despliegue de los tribunales de instancia y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si finalmente la Fiscalía asume la instrucción de los delitos y las faltas.

La polémica sobre el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, o la renovación del Tribunal Constitucional se dejaron oír en el encuentro en Ferraz, si bien la mayor parte del acto --se prolongó durante unas tres horas-- estuvo protagonizado por las líneas de actuación de Justicia.