El PSOE registra iniciativas para eliminar el voto rogado y prohibir el indulto a condenados por corrupción

Estas son dos de las 17 iniciativas que ha llevado este jueves al registro de la Cámara Baja el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que abordan asuntos de índole social, económico y político que los socialistas quieren comenzar a discutir cuanto antes.

Entre las medidas que quieren impulsar cuanto antes está la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados, un compromiso electoral de los socialistas. Los socialistas han presentado un escrito dirigido al presidente de la Cámara Baja, Patxi López, para solicitarle "la inmediata constitución y convocatoria" de una ponencia en la Comisión del Reglamento de la Cámara para reformar el reglamento.

Además, el PSOE ha presentado una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior, eliminando su carácter rogado.

De esta manera, quiere modificar la reforma que aprobó el último Gobierno socialista, con el apoyo del PP, y que ha provocado una caída en la participación en procesos electorales de los españoles residentes en el exterior.

Los socialistas reconocen esta reforma es la explicación "en gran medida" del "abrupto descenso de la participación electoral" que se registró en las elecciones generales de 2011 (del 31,74% de 2008 al 4,95%) y que ha continuado en la última convocatoria, donde también hubo "dificultades para que los españoles residentes en el extranjero pudieran ejercer su dreecho al voto".

Ahora, el PSOE quiere que se elimine la exigencia de que los españoles en el exterior tenga que reclamar su derecho para poder votar, de manera que sean las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral envíen de oficio a los españoles inscritos en el censo de electores residentes-ausentes las papeletas y el sobre o sobres de votación.

DEROGAR LA REFORMA LOCAL

Además, los socialistas quieren derogar la reforma de la Administración Local del PP, a la que se han opuesto desde el primer momento en que la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.

El PSOE plantea en su proposición no de ley aprobar una ley de Régimen Local que "refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública".

Además, buscan "impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las comunidades autónomas".

En materia de justicia, el primer paquete legislativo del PSOE incluye una proposición no de ley para modificar el indulto y una proposición de ley para derogar el plazo máximo previsto para la instrucción en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con esta segunda iniciativa, quieren acabar con el "complicado régimen de limitación de la duración del proceso" que, a su juicio, ha introducido el PP, que "genera una manifiesta inseguridad jurídica y puede traer como consecuencia la impunidad de muchos delincuentes que busquen aprovechar los recovecos e incoherencias de la regulación que se propone".

Los socialistas consideran que "la necesaria aceleración de los procesos penales no se resuerve ni con normas que impongan plazos que en la mayoría de los casos no se pueden cumplir, ni con regulaciones que generan inseguridad jurídica y grave riesgo de impunidad", sino "con más medios personales y materiales, que es precisamente lo que, lamentablemente, no se ha incrementado e incluso se ha mermado en los últimos cuatro años".

El PSOE defiende la necesidad de elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para cambiar la actual, que data de 1882, pero, y hasta que esto ocurra, pide en una de sus primeras iniciativas acabar cn el plazo máximo en la instrucción.

Por lo que se refiere a la reforma del indulto, en su proposición de ley el partido de Pedro Sánchez busca que no se pueda conceder esta gracia, de manera total ni parcial, en casos de "delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o un tercero", ni "cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género".

Además, quiere modificar otro artículo para que se exijan "razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado" para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado a la hora de comunicar la concesión de indultos.