El PSOE basará su informe sobre pensiones en los votos particulares de los expertos, que no ven urgencia en una reforma

El PSOE basará su informe sobre el debate acerca de la reforma del sistema de pensiones en los votos particulares que emitieron varios expertos de la comisión nombrada por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad, los cuales no ven urgencia en intervenir en el actual sistema y piden que la respuesta a los problemas se busque en la reforma que acometió el Ejecutivo socialista hace dos años.

También defienden que cualquier modificación debe acometerse en el "espacio de consenso" que es el Pacto de Toledo y el acuerdo con sindicatos y patronal, tal y como ha adelantado este lunes el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, al tiempo que proponen recurrir al fondo de reserva porque es "un instrumento que permite durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema público de pensiones".

Así figura en los votos particulares del catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga y el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social José Luis Tortuero, ambos cercanos a UGT y al PSOE. En la votación del informe que la comisión de expertos publicó el pasado viernes el primero votó en contra y el segundo se abstuvo. El tercer voto particular fue el del licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Miguel Ángel García Díaz, cercano a CCOO.

"NO HAY NECESIDAD INMEDIATA"

En las observaciones que hizo Ruesga, éste admite las "dificultades" que se pueden llegar a plantear en el sistema público de pensiones "por razones de evolución demográfica del país", si bien considera que no es preciso introducir "factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas". "No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones", añade.

Así pues, opina que el ajuste debe recaer fundamentalmente en "una acentuación de la solidaridad inter e intrageneracional en los próximos años", para lo que ve necesario establecer un "compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos".

También apuesta por "dejar actuar" a la reforma de 2011 y hacer un "seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones". A su juicio, "no hay tanta urgencia", ya que se muestra convencido de que "los problemas comenzarían a agravarse a partir de 2030".

CUALQUIER ANTICIPACIÓN HA DE SER CON ACUERDO

Para Ruesga, la revisión del factor de sostenibilidad "no ha de descartarse" para antes lo previsto, que es el año 2027, si bien considera que "tienen que ser los interlocutores políticos y sociales quienes acordaran una posible anticipación".

Este experto no comparte la conclusión de la comisión de expertos que apuesta por la entrada en vigor de dicho factor a partir de 2014, al tiempo que considera "innecesario incorporar un factor adicional ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema".

Por su parte, José Luis Tortuero admite que las circunstancias actuales "exigen respuesta", pero opina que la respuesta está en la ley de 2011, la cual, según destaca, "procede de un espacio de consenso político y social".

Entre otras cosas, el experto propone acometer una serie de medidas que darían viabilidad al sistema público de pensiones. Así, sugiere reformar la ordenación de la incapacidad permanente, reformar la protección por muerte y supervivencia, la regulación de la prejubilación, eliminar las disfunciones entre los sistemas de cálculo de las pensiones de los trabajadores y de los funcionarios, elevar los topes de cotización para asimilarlos a los salarios, reordenar la protección por desempleo o intensificar el control y lucha contra el fraude laboral, fiscal y de seguridad social.

EXPLICAR Y ASIMILAR

En cuanto a García Díaz, sus observaciones se centran en recordar la disponibilidad del fondo de reserva y en remarcar que el factor de sostenibilidad que se propone en el informe de la comisión de expertos implica un cambio tan significativo que requiere de más tiempo para ser "explicado y asimilado".

"En un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la población que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversión, de manera que diferir en cinco años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones", explica.