El PSOE plantea penas de prisión para los cargos y funcionarios que bloqueen la aplicación de la ley

El PSOE quiere que se castigue con penas de prisión y que se inhabilite para ocupar un cargo público o para presentarse a las elecciones a las autoridades o funcionarios que bloqueen la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Así lo plantean los socialistas en la proposición de ley que han registrado este jueves en el Congreso con la que pretenden actualizar la norma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de cuya aprobación se cumplen ahora diez años.

En concreto, la iniciativa, recogida por Europa Press, incluye una reforma del Código Penal para crear un nuevo artículo que castigue con penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años a quien, por si mismo o como miembro de un organismo colegiado, resuelva o vote en contra de la aplicación o el desarrollo de disposiciones relativas a la memoria democrática, y contribuya así su bloqueo o incumplimiento.

Quienes así actúen también se expondrán a una multa de 12 a 24 meses y a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que podría extenderse entre por un periodo de tiempo de entre 9 y 15 años.

ENALTECIMIENTO DEL FRANQUISMO

La iniciativa socialista también contempla modificar el artículo 510 del Código Penal para introducir diversos tipos dirigidos al castigo de las manifestaciones de odio contra las víctimas del franquismo, el enaltecimiento del franquismo y la ilegalización de las asociaciones o fundaciones que, con la justificación de fines sociales, realizan actos de exaltación franquista.

La reforma, que también prevé algunas indemnizaciones extraordinarias para quienes, por ejemplo, hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, introduce una serie de plazos. Por ejemplo, fija en doce meses desde la entrada en vigor de la nueva ley el establecimiento de un "marco institucional" que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria de democrática.

Respecto a la retirada de la simbología franquista, la ley da un plazo 12 meses, prorrogables otros seis, para que las administraciones públicas competentes, previo informe de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, procedan a redefinir el callejero del municipio y en su caso el nombre de la entidad local, así como a retirar honores y distinciones concedidos a los adeptos al franquismo.

LAS PLACAS CON YUGO Y FLECHAS EN EDIFICIOS, FUERA

También tendrán que descolgarse las placas el Instituto Nacional de la Vivienda que aún lucen en muchos edificios del país con el símbolo del yugo y las flechas y la misma suerte correrán los "escudos preconstitucionales".

Otra de las novedades que el PSOE pone sobre la mesa es que se prohíba la exhibición de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura en cementerios públicos. En este sentido, la reforma aboga por ordenar la "inmediata retirada" de la ya existente y por requerir a la Iglesia para que proceda a eliminarla de templos y cementerios o cualquier lugar de su propiedad. Si no lo hace en seis meses desde el requerimiento, deberá hacerlo el ayuntamiento correspondiente.

Asimismo, el PSOE aboga por dar un plazo de dos años, a contar desde que se inicia el proceso legal, para realizar las exhumaciones de restos cadavéricos. No obstante, ese periodo se podrá ampliar si se acredita falta de medios o acontecimientos sobrevenidos, tales como fenómenos naturales.

Además, los socialistas quieren blindar la financiación de las políticas memorialistas y, en este sentido, incluyen en la propia norma la obligatoriedad de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida anual "suficiente" para los trabajos de localización y exhumación de fosas. También deberán garantizarse fondos para algunas de las medidas que quieren impulsar como el banco de ADN, el Censo Nacional de Víctimas, la Comisión de la Verdad, el Consejo de la Memoria de España y las medidas para la resignificación del Valle de los Caídos.

31 DE OCTUBRE DÍA DE LAS VÍCTIMAS

Por último, la nueva ley que los de Pedro Sánchez defenderán en Congreso recoge institucionalizar el 31 octubre como "Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura". Se ha elegido esta fecha porque fue ese día de 1978 cuando las Cortes aprobaron la Constitución.

El secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, ha sido el encargado de registrar en el Congreso esta iniciativa, que ha definido como "una propuesta realmente ambiciosa".

A su juicio, con ella, los socialistas cumplen una serie de compromisos que tenían "pendientes" y harán posible que se priorice "la apertura de todas las fosas" y que se saquen los restos de todas las personas asesinadas en la Guerra Civil y la dictadura" para "recuperar su dignidad y su memoria" y dar "satisfacción" a sus familias y a los colectivos memorialistas.