Así lo han señalado en la presentación de las conclusiones que llevarán a la comisión que investiga el proceso de adjudicación de estas plazas en las Corts, tras la cual consideran probado que "tanto los plazos como el precio/plaza, el número de plazas a financiar por la Conselleria y los municipios donde ubicar las residencias se modificaron de forma arbitraria para beneficiar a las empresas".
Además, señalan que ese trato de favor se produjo tanto por acción como por omisión "ante los incumplimientos graves" de las adjudicatarias, que no fueron sancionados por norma general.
