PSPV pide el cese de la jefa de Urbanismo de Alicante y EU que se le sume otro delito por negociación prohibida

Las dos peticiones responden a las conversaciones policiales que han sido publicadas que revelan que la funcionaria trató con el promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso, "negocios" de su marido y en las que el constructor le dijo que se "suicidaría" si se paralizaba el plan Rabassa.

Ante todo ello, el portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV, Lalo Díez, ha pedido además al equipo de gobierno del PP en un comunicado que adopte medidas para acabar con la sombra de corrupción que pesa sobre el Ayuntamiento de Alicante tras conocerse las investigaciones policiales que revelan el "trato especial" de la jefa de Urbanismo con el empresario Enrique Ortiz, así como informes policiales que apuntan a un posible pago de una deuda fiscal del exalcalde Luis Díaz Alperi por una empresa.

"Aquí parece que nadie del PP tiene nada que decir ni nada que hacer. Ni la concejal de Urbanismo, Marta García Romeu, que se niega a hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la jefa de Urbanismo a la que Ortiz le dice que si le paran Rabassa se suicida o a la que presiona para agilizar la aprobación", ha señalado Díez.

"¿A qué está esperando la responsable de Urbanismo para cesarla? Si no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en su negociado, ahora ya lo sabe, ya lo ha visto y lo ha leído. Ya no caben excusas. Si no lo hace entenderemos que es cómplice y partícipe de toda esta situación. Y que su participación en la fiesta del pijama de Andorra fue más que una simple diversión con sus amigos Castedo y Ortiz", ha reprobado.

En esta línea, ha lamentado que no han escuchado "ni a los compañeros del equipo de Gobierno de Castedo ni por supuesto a las más altas estancias del Partido Popular decir nada sobre cómo pretenden acabar con la situación que pesa sobre el Ayuntamiento de Alicante", ha añadido Díez.

Por su parte, EUPV ha indicado en un comunicado que, además de los delitos que ya se le imputan a la empleada pública, la formación de izquierdas solicitará que "se amplíe la querella porque tememos que hay un nuevo delito, el de negociación prohibida a funcionarios".

Así, EU ha recordado que esta técnica, jefa del servicio jurídico de Urbanismo, "mantiene una conversación con Enrique Ortiz en la cual ésta le ofrece un lucroso negocio con su marido, mientras el Ayuntamiento se hallaba en medio de la aprobación del plan Rabassa. Un proyecto que planeaba la construcción de más de 13.000 viviendas y que estaba en manos de Enrique Ortiz". En esta línea, indica que esta empleada pública "era la persona designada por Sonia Castedo y funcionaria clave en la aprobación del plan Rabassa".

No obstante, EU ha lamentado que "nadie del equipo de Gobierno se ha pronunciado hasta ahora" y ha considerado que "una limpieza a fondo de las instituciones públicas de esta ciudad es la única forma de devolver la credibilidad de las mismas".