EL PSPV acepta la suspensión de militancia de Franco hasta que se clarifique su presunta implicación en Rabasa

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha informado este viernes que se ha aceptado la suspensión temporal de militancia del exsenador y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ángel Franco, hasta que se "clarifique" su presunta implicación en el caso Rabasa a pesar de que no está imputado, lo que "demuestra" que "los socialistas no somos iguales" que el PP frente a la corrupción.

Puig, en rueda de prensa, ha destacado que se ha aceptado la suspensión de militancia de Franco, a pesar de no estar imputado, tras la aparición de su nombre en los informes policiales sobre el 'plan Rabasa', un caso en el que se investiga un supuesto amaño en la tramitación de este proyecto y en el que el juez instructor ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y al constructor Enrique Ortiz, entre otros.

Al respecto, ha destacado que para los socialistas valencianos "no son los juzgados los que tienen que tomar las decisiones respecto a las responsabilidades políticas", al contrario que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "al final espera siempre a que los jueces le hagan su trabajo" porque "no tiene ningún tipo de convicción ética respecto a la corrupción".

Así, ha señalado que "a pesar de que Franco no está imputado hay una situación que hay que aclarar". En ese sentido, ha destacado que "ahora más que nunca claridad, transparencia y contundencia" a la hora de abordar "esta lacra" en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, ha insistido en que el caso "Brugal y Castedo es el caso PP, al igual que es Gürtel, Noós, Emarsa" y "todo los casos que están siendo una losa tremenda para la recuperación" de la Comunidad.

En ese sentido, ha recalcado que los socialistas "no somos lo mismo e incluso en un caso en el que no hay imputados" se ha aceptado esta renuncia "esperando que cada persona y su nombre quede lo más limpio posible".

Con todo, ha señalado que las relaciones entre políticos y empresarios deben "tener un diálogo permanente" pero "dentro de unos términos" y "hay fronteras que no se deben cruzar" y "debe haber una ejemplaridad mucho más contundente".

No obstante, ha reclamado que "quien está interpelado es quien tiene la responsabilidad" es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que está "doblemente imputada" y Fabra.