Pajín dice que la fiscalidad será la recogida en el programa electoral del PSOE

La secretaria de Organización del PSOE ha explicado en rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del partido, que será el próximo otoño, cuando llegue al Congreso el proyecto del Presupuestos Generales del Estado, cuando se vuelva a hablar de fiscalidad.

Lo ha dicho así al ser preguntada por el cambio de criterio del grupo socialista en el pleno de la Cámara Baja de la semana pasada, cuando anunció su apoyo a una moción de IU-ICV para subir los impuestos a quienes más cobren para, pocas horas después, retirar su respaldo.

Pajín ha restado importancia a este cambio de opinión y ha dicho que forma parte de las negociaciones que llevan a cabo los grupos sobre sus iniciativas.

Además, ha subrayado que en otoño habrá "una ocasión magnífica" para hablar de fiscalidad y que el grupo socialista y el Gobierno "demostrarán su capacidad para sacar adelante su política, que es la que está en su programa electoral.

También se ha felicitado de que el techo de gasto de los presupuestos para 2010 haya pasado el primer trámite en el Congreso, porque trae "certidumbre y favorece la confianza".

Durante la rueda de prensa se ha referido asimismo a la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha confiado que cuente con un amplio respaldo a su paso por las Cortes y ha apelado a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios, especialmente del PP, para ello.

Según ha subrayado, esta medida permitirá aumentar la confianza en el sistema financiero, que ha considerado "el motor de cualquier economía" y, por ende, incrementar también la confianza en la economía real.

Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que el fondo no servirá para "mantener artificialmente a ninguna entidad con el dinero de todos", sino que será una actuación preventiva.

Respecto a la reforma de la ley de extranjería, ha puesto el acento en que la futura norma se adapta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, implementa las directivas europeas en esta materia y, a la vez, mantiene la coherencia de la política del Gobierno, vinculada al mercado de trabajo y al compromiso de lucha contra la inmigración clandestina.

A este respecto, ha prometido que el Ejecutivo intensificará el control y las inspecciones para evitar situaciones de abuso en el ámbito laboral e impedir que alguien pueda explotar a inmigrantes aprovechándose de su situación ilegal.

Con la reforma se ampliará a 60 días el plazo de internamiento y se incorporarán mejoras en materia de reagrupación familiar y violencia machista.