El Parlament tramita pedir al Congreso que declare nulos las sentencias franquistas

La iniciativa, a la que ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad, propone que la ley se amplíe con nuevos artículos que declaren nulos estas actuaciones y reconoce también el derecho a una indemnización de 135.0000 euros a los beneficiarios de los que murieron entre junio de 1940 y septiembre de 1945 como consecuencia de su deportación o internamiento en campos de concentración y de trabajo nazis.

El diputado del PSC Ferran Pedret ha sido el encargado de presentar la propuesta, que se debate en el pleno después de que este mismo miércoles se haya aprobado también que el Parlament siga la tramitación de una proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, impulsada por JxSí, SiQueEsPot y la CUP.

La diputada de C's Lorena Roldan ha defendido que la iniciativa de los socialistas recoge peticiones y demandas legítimas y justas, y ha considerado una "obligación" de los poderes públicos la reparación de las víctimas y sus familiares.

Desde SíQueEsPot, el diputado Joan Josep Nuet ha acusado al Gobierno de acogerse a la Ley de Memoria Histórica para "girar la cara" a las víctimas de la dictadura, además de lamentar que dejara fuera de forma clara la anulación de los juicios franquistas con el argumento de que podía ser un elemento de inseguridad jurídica.

El diputado de la CUP Benet Salellas ve más garantías de éxito la proposición de ley que han presentado con JxSí y SíQueEsPot que la del PSC, y más cuando el PSOE generó "decepción" en las víctimas de la dictadura cuando no anuló los juicios franquistas cuando gobernaron.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de JxSí David Bonvehí, al apuntar que los socialistas tuvieron muchos años para corregirlo y no lo hicieron, y ha expresado su "escepticismo" de llevar una iniciativa al Congreso con este objetivo cuando ya hay una propuesta catalana.

Desde el PP, el diputado Fernando Sánchez ha pedido debatir sobre esta cuestión "sin frentismos y sin buscar el rédito político" para evitar convertir la memoria de las víctimas y sus familias en una arma de combate, y ha confiado así que se busque la defensa de la justicia con esta propuesta.