El Parlament aprueba la ley exprés antidesahucios para sortear la suspensión del TC

El Parlament ha aprobado este jueves la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, conocida popularmente como la 'ley de emergencia habitacional'.

La norma se ha tramitado de forma exprés --en menos de seis meses-- y se elaboró expresamente para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional contra una parte de la ley catalana 24/2015 sobre el mismo tema.

La ley, que el Govern asegura que esta vez está blindada jurídicamente y no podrá ser impugnada, se ha votado por artículos y no en su conjunto ya que, pese a tener la unanimidad en la mayoría, PP, C's y la CUP han mostrado su discrepancia en algunos puntos.

La ley busca proteger a personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento y crea la Comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia para coordinar a las administraciones sobre este tema.

La norma prevé mecanismos de mediación; expropiar temporalmente viviendas vacías y ayudar económicamente a los afectados o realojarlos, y en su redacción han participado desde la Generalitat, hasta el Parlament, las entidades municipalistas y ayuntamientos como el de Barcelona.

La nueva ley permitirá utilizar de forma temporal la viviendas vacías de entidades financieras para darles un uso social y se hará a partir de un sistema de expropiación temporal del uso de la vivienda.

También prevé un sistema para que las entidades bancarias y grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas, lo que debería servir para evitar desahucios y para no poder echar a nadie si no se le ofrece un alquiler social.

"NUNCA MÁS ANTE EL JUEZ"

Marc Solsona (JxSí) ha destacado que la ley es una herramienta potente para que las administraciones luchen contra la emergencia habitacional y también que incluye una memoria económica para que la Generalitat deba asumir "todo el compromiso" que pueda derivarse de la norma.

El diputado de la CUP Joan Garriga ha cargado contra la sobreprotección que, a su juicio, tiene el sector bancario, y ha resumido así el espíritu de la ley: "Nunca más ante el juez casos como el de Verónica y Eliseo, desahuciados en el 'Clot', por el 'pecado' de defender su vivienda".

Frente a las críticas de muchos grupos al TC por haber suspendido la norma original, Jordi Terrades (PSC), ha recordado que el tribunal no tocó artículos relativos a la lucha contra la pobreza energética que, pese estar vigentes, no se están aplicando.

Fernando Sánchez Costa (PP) ha defendido la necesidad de acoger "obligatoriamente" a las personas que se quedan sin vivienda, pero ha advertido de que la administración pública debe asumir los costes y no debe externalizar esta responsabilidad al sector privado.

C's ha apoyado la mayor parte del articulado, pero el diputado Sergio Sanz ha criticado al Ejecutivo catalán: "Ustedes invierten lo mismo en medios subvencionados que en políticas de vivienda. No es de extrañar que en Cataluña sea donde se producen más desahucios de toda España".

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha pedido la palabra para agradecer a los grupos, administraciones y entidades sociales su colaboración para redactar la norma, y ha defendido que es "sólida", por lo que no debería volver a tener problemas para aplicarse, a su juicio.

"ALQUILER ABUSIVO"

Lluís Rabell (SíQueEsPot) se ha mostrado crítico con la anulación por parte del TC de la ley original, y ha insistido que ahora, además de los desahucios, se ha instalado una nueva problemática al que hay que dar respuesta que es el "alquiler abusivo".

Precisamente SíQueEsPot y la CUP presentaron enmiendas a la norma con las que pretendían regular este alquiler abusivo, algo que ven como un problema extendido en Cataluña, pero no finalmente no han prosperado.

JxSí rechazaba este punto, ya que consideraba que generaba duda jurídicas, por lo que finalmente se ha optado por incluir una disposición final en la ley aprobado en la que se establece que el Govern impulsará una norma integral sobre alquiler abusivo en un plazo de nueve meses.