El Parlament sigue tramitando la ley para investir a Puigdemont a distancia

La Mesa del Parlament ha aprobado este martes seguir tramitando la reforma de la Ley de Presidencia que impulsa JxCat para que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia, sin que el candidato deba estar en el hemiciclo.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que la decisión se ha tomado con los votos de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.

JxCat y ERC han ido rechazando las sucesivas impugnaciones de la oposición; la última, una petición de reconsideración del PP descartada este mismo martes.

A petición de varios grupos de la oposición, la Mesa también envía la reforma de la ley --y las enmiendas que JxCat presentó después-- al Consell de Garanties Estatutàries para que dictamine si respeta el Estatut y la Constitución.

Otras fuentes parlamentarias han explicado que, como la ley se está tramitando por la vía de urgencia, ahora el Consell de Garanties tiene para pronunciarse 7 días hábiles desde que reciba la petición de dictamen.

Si el Consell --cuyos dictámenes no son vinculantes-- toma en consideración la petición de dictamen este martes o este miércoles, su pronunciamiento debería estar listo para finales de la semana que viene.

Cuando el Consell se pronuncie, se abrirá un periodo para que los grupos puedan presentar enmiendas para adaptar la norma a las eventuales consideraciones que haga este órgano.

LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT

Pese a que el candidato de JxCat a la Presidencia sigue siendo Jordi Sànchez, JxCat sigue contemplando investir a Carles Puigdemont pese a que esté en Berlín.

JxCat siempre ha afirmado que cualquier investidura que no sea la de Puigdemont sería "provisional", es decir, que en algún momento de la legislatura quieren devolver al cargo al expresidente.

Al tramitarse por la vía de urgencia, la ley para investir a distancia a Puigdemont podría estar lista antes del 22 de mayo, que es cuando finaliza el plazo para formar Govern y evitar unas elecciones anticipadas.

El principal obstáculo que podría encontrarse JxCat es que el Consell pusiera en duda la legalidad de la ley, y también que la oposición decidiera impugnarla ante el Tribunal Constitucional.