El Parlamento andaluz reclama que el Gobierno central retire su propuesta de eliminar entidades locales menores

La Cámara andaluza ha expresado "el más enérgico rechazo" a la propuesta del Gobierno y ha instado a la Junta a demandar al Ejecutivo central que impulse un consenso político para elaborar un texto normativo "sensato y realista" en el que se respete la autonomía de los pequeños municipios y se potencie la figura de la Entidad Local Menor para una mejor prestación de los servicios locales de forma descentralizada y para facilitar la participación ciudadana.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón ha destacado que a partir de la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), en junio de 2010, y de acuerdo con sus principios de profundización en la independencia municipal, son los ayuntamientos matrices quienes tienen la responsabilidad de autorizar y extinguir este tipo de entidades dentro de sus territorios.

Así, tras apuntar que en Andalucía, son 48 los núcleos urbanos reconocidos como entidades locales autónomas en la actualidad, ha considerado que la supresión de las entidades locales menores originaría una "merma" en la democracia en estas poblaciones y "un paso atrás" en la prestación de servicios básicos públicos a las ciudadanas y ciudadanos, y de capacidad para participar y decidir sobre las cuestiones de su territorio.

Por su parte, la diputada del PP-A Carolina González Vigo ha lamentado el "oportunismo" de los socialistas para traer debates a esta Cámara que no contribuyen a reforzar el municipalismo, sino que versan sobre iniciativas que todavía no se han producido y que se tomarán si hay un consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En su opinión, habría sido mejor que el PSOE-A propiciara un debate sobre las deudas contraídas con los ayuntamientos.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha afirmado que las entidades locales menores son "absolutamente necesarias" por la prestación de servicios que realizan de manera "ágil y eficaz", por lo que su eliminación supondría una medida "demagógica" que no va a conllevar "ningún ahorro económico", pero que sí tendría consecuencias "negativas muy importantes" para sus vecinos.