Un Parlamento vasco dividido inicia la tramitación del Instituto de la Memoria

El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, PSE-EE, los parlamentarios expulsados de Aralar y Ezker Anitza-IU, ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación de la ley del Instituto de la Memoria. El PP, UPyD han votado en contra, al considerar que el texto "mezcla" distintas violencias, mientras que Aralar y EA se han abstenido porque echan en falta una mayor incidencia en el ámbito de las víctimas policiales.

De esta forma, el pleno de la Cámara autonómica ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que a partir de ahora deberá iniciar su tramitación en el Legislativo vasco antes de su aprobación definitiva.

La proposición de ley sobre el Instituto de la Memoria contempla en su exposición de motivos la necesidad de atender a las "tres experiencias traumáticas" padecidas por la sociedad vasca en los últimos cien años: la Guerra Civil, la dictadura franquista y la "lacra" del terrorismo, así como a "otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de motivación política", es decir, las víctimas de abusos policiales.

Este es precisamente el motivo de la polémica generada en torno a esta entidad y del rechazo del PP y UPyD a la misma, al entender estas formaciones que la proposición de ley "mezcla" diferentes realidades y víctimas.

OBJETIVOS

Este centro, que tendría un carácter autónomo aunque se integraría en el Gobierno vasco, tiene el objetivo de coordinar y participar en el diseño de las políticas públicas relativas a los valores éticos y los principios democráticos, con el fin de contribuir a la defensa de los derechos humanos y a la convivencia democrática en la sociedad vasca.

El parlamentario del PNV Íñigo Iturrate ha destacado la importancia de un centro de estas características, dado que la construcción de la paz y la convivencia no puede hacerse "tapando y olvidando" el pasado. Además, ha rechazado que se trate de "equiparar" a unas y otras formas de violencia, sino que lo que se pretende es "establecer el principio básico de lo injusto y lo indefendible" de todas ellas.

Desde las filas del PSE, Susana Corcuera ha coincidido en que la construcción de la convivencia debe pasarse en la "memoria". También ha rechazado que se pretenda "equiparar" a unos y otros damnificados, dado que el único "nexo" entre ellos es "el sufrimiento padecido". De esta forma, ha recordado que algunas víctimas del franquismo lo fueron luego de ETA.

Aintzane Ezenarro, en representación de los tres parlamentarios expulsados de Aralar, ha afirmado que es necesario tener en cuenta "todas las víctimas de motivación política" que se produjeron durante el siglo pasado para poder lograr la convivencia y una paz "basada en la memoria inclusiva".

El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, ha lamentado que los "extremos" que, a su juicio, representan PP y Amaiur -coalición de la que forman parte Aralar y EA, junto a la izquierda abertzale y Alternatiba- no apoyen la tramitación de la ley.

"JUSTIFICACIÓN" DE ETA

Por parte del PP, Carlos Olazábal ha precisado que, a pesar de votar en contra de la toma en consideración de la iniciativa, su grupo trabajará durante la tramitación parlamentaria para tratar de mejorar el texto. A su juicio, la redacción actual de la proposición "mezcla" unas y otras violencias y puede contribuir a que la izquierda abertzale y ETA lo utilicen para "justificar" el terrorismo.

En la misma línea, Gorka Maneiro, de UPyD, ha considerado que el instituto debiera "centrarse" en la deslegitimación del terrorismo de ETA y no en "mezclar" unas y otras formas de violencia.

En el turno de explicación de voto, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha echado en falta en el texto "una mayor referencia" a las víctimas de "torturas" o de abusos de las fuerzas policiales.

Por su parte, el representante de Aralar en la Cámara, Dani Maeztu, ha coincidido en que la proposición es demasiado "parcial" y no sitúa en el mismo nivel respecto a otras violencias a las vulneraciones de derechos humanos por parte de fuerzas policiales o parapoliciales.