El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre los ERE

La fecha prevista para su constitución es la del próximo miércoles día 20, a las 10,30 horas, y estará conformada por tres miembros y un suplente por cada grupo. El presidente será elegido ese mismo día bien por unanimidad si hay acuerdo entre todos los grupos sobre un nombre bien por mayoría si no se alcanza un consenso. La Mesa de la comisión la conformará, por tanto, únicamente el presidente de la misma y un letrado de la Cámara.

Al tener cada grupo el mismo número de miembros, las votaciones se producirán mediante voto ponderado.

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta este lunes, a las 14,00 horas, para presentar sus propuestas de integrantes de la comisión de investigación, según ha informado a los periodistas el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, al término de una reunión de la Junta de Portavoces para abordar este asunto.

Las sesiones de la comisión de investigación, como las comparecencias, serán a puerta abierta. Una vez que la comisión quede constituida, los grupos decidirán sobre el comienzo de los trabajos, el método, los comparecientes y los plazos para aprobar las conclusiones. Gracia ha explicado que no hay ningún plazo para el desarrollo de los trabajos y que si la comisión decidiera trabajar en julio deberá pedir que se habilite este mes, que es inhábil por vacaciones parlamentarias.

Los grupos han aprobado por unanimidad una resolución de la Presidencia del Parlamento sobre la organización y funcionamiento sobre las comisiones de investigación, en la que se recoge que los requerimientos para comparecer se realizarán mediante citación de la Presidencia de la Cámara y con "apercibimiento de que si no comparece incurrirá en el delito de desobediencia previsto 502.1 del Código Penal".

Asimismo, se señala que el requerido podrá comparecer acompañado por la persona que designe para asistirle que no tendrá derecho de voz en la comparecencia. Antes de que declare en la comisión, el presidente advertirá al compareciente de lo establecido en el artículo 502.3 del Código Penal para el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, podría incurrir en delito penal.

El requerido, según la resolución de la Cámara, tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente.

Si durante la celebración de la comparecencia, el compareciente entendiese que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucional, podrá solicitar la intervención de la Mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considera vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la Mesa al respecto.

De las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su presidente, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.

Una comisión negada hasta en diez ocasiones

Esta es la novena comisión de investigación que se crea en la historia del Parlamento andaluz y la primera desde hace 17 años, ya que la última fue la relativa a la condonación de créditos al PSOE por parte de la antigua Caja de Jerez. Como se recordará, el PSOE-A, con mayoría absoluta en el Parlamento en la anterior legislatura, llegó a rechazar hasta en diez ocasiones las peticiones de PP-A e IULV-CA para la creación de una comisión de investigación sobre los ERE.

Los momentos más tensos del debate --en el que no estuvo presente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán-- se vivieron con los cruces de acusaciones entre los portavoces del PSOE-A y del PP-A.

La comisión de investigación tendrá el enunciado de las iniciativas de PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, que era coincidente: sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010.

Por su parte, el PP-A planteaba la creación de una comisión de investigación sobre "ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis concedidas por la administración de la Junta con cargo al programa presupuestario Administración de la las Relaciones Laborales entre los ejercicios 2000 y 2010".

El diputado del PP-A Rafael Carmona ha manifestado que hoy se va a aprobar lo que "el rodillo socialista" impedía con anterioridad cuando tenía mayoría absoluta. "El PSOE dice que sí a lo que dijo que no hasta en diez ocasiones", ha señalado Carmona, para quien hoy, con la aprobación de la comisión, se va a poner de manifiesto "el triunfo" de Javier Arenas en las pasadas elecciones andaluzas.

En su opinión, los andaluces merecen conocer todo en relación con la "trama organizada desde el Gobierno para repartir fondos públicos sin control ninguno" y después de que se haya tratado de "tapar y ocultar" los hechos. A su juicio, es inevitable no reconocer "la implicación" del actual presidente de la Junta y de su antecesor, Manuel Chaves, en estos hechos.

"Queremos que se conozcan las responsabilidades políticas", ha expresado Carmona, para quien, sin duda, tendrán que comparecer miembros del Gobierno y escuchar "de boca de Chaves y de Griñán por qué idearon un sistema mediante el cual se repartieron más de mil millones de euros sin hacer públicas las convocatorias y las concesiones y sin publicar en el BOJA". Ha confiado en que la comisión tenga acceso a toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, ha manifestado que esta iniciativa responde a un firme compromiso ético del PSOE-A, donde no tienen cabida quienes confunden el interés personal con el general. Ha indicado que sin quitar ni un ápice de importancia al caso de los ERE, los socialistas no van a aceptar que se ponga en juicio la credibilidad de las instituciones andaluzas, a través de un "burdo montaje de la derecha andaluza para intentar llevarse por delante al Ejecutivo andaluz". Para Jiménez, al PP-A "no le interesa la verdad", sino "perseguir" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Tras indicar que la Junta fue la primera en denunciar el caso, dando una respuesta rápida, contundente y efectiva, con una investigación profunda en su seno y con la creación de un amplio dispositivo para trasladar a las instancias judiciales el resultado de los trabajos, Jiménez ha señalado que esta comisión es la "consecuencia lógica del afán del PSOE por esclarecer los hechos, indentificar a los responsables y depurar responsabilidades fuera y dentro de la política".

Jiménez ha querido dejar claro que el PSOE-A no va a contribuir al "bochornoso espectáculo" del PP en relación con este asunto, de manera que van a ser "muy escrupulosos para garantizar" su buen funcionamiento y evitar que se manipule y pervierta. Ha confiado en que el PP-A cambie de estrategia porque, sin duda, se ha equivocado en la misma como se vio en las pasadas elecciones autonómicas y, al final, el caso de los ERE se ha acabado "llevando por delante" al presidente de ese partido, Javier Arenas.

IULV-CA no permitirá "líneas rojas"

El portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha mostrado su satisfacción por que el Parlamento andaluz vaya a crear una comisión de investigación sobre el "escándalo más mayúsculo de corrupción y de uso fraudulento de fondos públicos" en la historia de nuestra comunidad que debe ser motivo de "vergüenza". Ha indicado que esta comisión debe servir para buscar toda la verdad acerca del funcionamiento y la discrecionalidad con la que se repartieron fondos públicos y ha estimado que, en modo alguno, resulta incompatible con la investigación judicial.

A su juicio, esta comisión de investigación debe ser "compatible y complementaria" a la investigación judicial en la búsqueda de la verdad. Ha mostrado su preocupación por que desde el año 2001 se hayan estado repartiendo cientos de millones de euros con total discrecionalidad, sin observar los principios legales y sin establecer controles. Ha insistido en que deben comparecer miembros tanto del actual como del anterior Consejo de Gobierno.

Castro ha querido dejar claro que la verdad y la depuración de responsabilidades serán los principios que rijan el quehacer de

IULV-CA, "sin líneas rojas, sin imposiciones ni cortapisas de un lado ni de otro", apuntando que se puede ganar mucho si se hace un trabajo sincero y transparente. No obstante, ha expresado que a Izquierda Unida no le gusta la actitud del PP-A porque constantemente utiliza la creación de la comisión como "arma arrojadiza en la confrontación política" y más bien quiere una comisión "de escarnio", intentando buscar fisuras entre los dos partidos del Gobierno andaluz.

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo durante el cruce de acusaciones personales entre Carmona y Jiménez. Tras la primera intervención del portavoz socialista, Carmona le espetó que le daba "vergüenza" y que con su tono le recordaba a los jóvenes falangistas que llevaban "pistolas", algo que puede ser posible porque en Andalucía se han vivido "30 años de un régimen que son la continuación del franquismo".

En su turno de dúplica, Jiménez recordó a Carmona su pasado como dirigente del Partido Andalucista: "comprendo que estén muy tensos en estos momentos en los que hay un casting en el partido y hay que hacer méritos, pero los méritos que hacen los conversos se ven a la legua". Ha dicho que Carmona perteneció a un partido, el PA, que formó parte del Gobierno andaluz al que él "hacía las palmas". "En el PP saben tela de camisas azules y usted por lo menos de dos chaquetas", le ha dicho al diputado popular.