Peritos ratifican que el Consejo de Gobierno conocía el fraude de los ERE en base a documentación aportada por la Junta

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han ratificado este jueves que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conocía el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que investiga la juez Mercedes Alaya, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que los peritos han ratificado lo asegurado en su primer día de comparecencia en base a la propia documentación aportada este mismo jueves por la representación legal de la Junta de Andalucía, en concreto las memorias que acompañan a las propuestas de acuerdo para la elaboración de los informes de control financiero permanente que llegaban al Consejo de Gobierno.

De este modo, y en base a esta documentación entregada por la Junta, los cuatro peritos han ratificado que el Consejo de Gobierno, la Intervención General de la Junta, la Comisión General de Viceconsejeros --los denominados 'consejillos'-- y la Consejería de Hacienda "tuvieron conocimiento del irregular uso" de las transferencias de financiación y del "ilegal" sistema de concesión de ayudas sociolaborales.

En su primer día de comparecencia, y para justificar el conocimiento que debía tener el Consejo de Gobierno, los peritos indicaron que, en el año 2004, la Intervención General de la Junta ya puso de manifiesto que ni tan siquiera se podía emplear el término de transferencias de financiación, sino "el de crédito para la concesión de subvenciones".

Además, los peritos señalaron que en ninguno de los planes de control financiero permanente que aprobaba el Consejo de Gobierno se acordó una regulación para tramitar las ayudas, a lo que se suman los dos anteproyectos para regular ese tipo de subvenciones que llegaron a los 'consejillos' procedentes de la Dirección General de Trabajo.

La comparecencia de los peritos continuará este viernes después de que ya hayan formulado sus preguntas la juez, los fiscales Anticorrupción, las acusaciones que ejercen la Junta y el PP-A, y algunos de los abogados de las defensas, entre ellos el letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo.

LOS DOS INFORMES

El abogado del exconsejero, precisamente, ha cuestionado a los peritos sobre si las conclusiones "absolutamente distintas" de su informe respecto al 'contrainforme' elaborado por dos catedráticos a instancias de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán "obedece, no a que hayan desconocido sus deberes legales, sino a que tienen discrepancias de criterio, opinión y pensamiento sobre el objeto de la pericia", a lo que los peritos de la Intervención "han contestado que sí".

En la mañana de este jueves, asimismo, los peritos han confirmado que otras consejerías de la Junta, no sólo la de Empleo, abonaron ayudas de los ERE a través del IFA/IDEA, lo que se hacía a través de transferencias de financiación una vez que el departamento de Empleo había agotado sus propios fondos para el pago.

También han asegurado que la Junta de Andalucía "ocultó" información a la Unión Europea sobre las condiciones "reales" de la ayuda concedida por valor de 4,5 millones de euros a la empresa malagueña A Novo Comlink, ya que remitió a Europa información "incompleta" y "sesgada" sobre las condiciones de dicha ayuda.

LA JUNTA HABRÍA OCULTADO INFORMACIÓN

De este modo, y según han indicado los peritos, desde la Junta de Andalucía se informó de que se trataba de ayudas individuales para cada trabajador y no de empresa, cuando realmente se trataba de una ayuda a empresa, para evitar así que dicha ayuda tuviera que ser devuelta.

Y es que, cabe recordarlo, la normativa comunitaria impide a los estados miembros conceder ayudas directas a empresa porque los situarían en una posición ventajosa respecto a otras compañías.