El Plan de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial recoge la carga de trabajo como factor de riesgo para la salud

El primer Plan de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial, que ha sido aprobado este viernes por el Ministerio de Justicia, la Comisión de Seguimiento del Convenio del Sistema de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial --que forma parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- y las asociaciones judiciales-- considera la carga de trabajo como factor de riesgo para la salud.

En concreto, el Plan establece que el CGPJ "regulará la carga de trabajo de la Carrera Judicial a efectos de salud laboral" como aspecto diferenciado de "los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano judicial".

Además, entre las actuaciones que se prevén, figuran incluir en los planes de formación continua técnicas para el manejo y afrontamiento del estrés y los riesgos psicosociales.

Asimismo, los jueces y magistrados podrán someterse anualmente, y de manera voluntaria, a un examen de salud que incluirá la valoración de la carga mental mediante una encuesta con siete apartados: información personal, factores personales, exigencias, organización del trabajo, sintomatología, incapacidad laboral y satisfacción personal en el trabajo.

El Plan también incluye protocolos específicos para garantizar la protección en materia de seguridad y salud de los miembros de la carrera judicial en situaciones clínicas de riesgo o de especial sensibilidad, así como de las juezas y magistradas en estado de embarazo, parto reciente o lactancia.

CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE ACTIVIDAD JUDICIAL

El Plan recoge las características "singulares" de la actividad judicial, como por ejemplo, que no se realiza sometida a horario concreto determinado y que el número de asuntos repartidos a cada órgano judicial no está sujeto a ninguna limitación, aunque los jueces y magistrados sí tienen que celebrar los juicios y vistas y dictar las resoluciones correspondientes dentro de los plazos procesales marcados en cada jurisdicción.

También recoge una relación exhaustiva de los riesgos de salud para la carrera. Entre éstos, además de los comunes, como caídas, golpes, sobreesfuerzos, accidentes de tráfico o los derivados del uso de equipos informáticos, figuran las agresiones y los riesgos psicosociales como el estrés o el acoso.

Todo esto permitirá elevar a la Comisión Permanente del CGPJ propuestas de adopción de medidas de adaptación y apoyo tras analizar las condiciones de trabajo y las funciones y actividades del puesto. El Plan, por último, prevé políticas especiales de prevención para Jueces de Adscripción Territorial (JAT) y JAT de refuerzo.

El número total estimado de jueces y magistrados asciende a 5.500, distribuidos por las diferentes sedes judiciales e incluidos jueces en prácticas, jueces sustitutos y magistrados suplentes en cuanto estén ejerciendo labor jurisdiccional.

EN VIGOR CON EFECTO INMEDIATO

Tras una reunión en la sede del CGPJ y la firma del documento, el Plan entra en vigor con efecto inmediato después de haber sido aprobado previamente tanto por las cuatro asociaciones judiciales --Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- como por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 27 de enero.

Antes de presentar este Plan de manera oficial en un acto al que asistirán los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia y los delegados territoriales de Prevención, el órgano de gobierno de los jueces difundirá el Plan 2015-2016 a todos los miembros de la carrera judicial que ya está disponible en el área reservada en la web www.poderjudicial.es. Además, el CGPJ pondrá en marcha próximamente un plan de formación en materia de Prevención de Riesgos en todos los territorios.

En la reunión de este viernes también se ha acordado designar como presidente de la Comisión de Seguimiento al vocal del CGPJ Juan Martínez Moya, que junto a la también vocal Concepción Sáez y los representantes de las asociaciones judiciales han sido los responsables de la redacción del Plan en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud.