Plataforma en Defensa de Libertad de Información critica la amenaza velada de Catalá a quienes investigan la corrupción

Asimismo, esta plataforma ha subrayado que en cualquier caso se trata de un debate "que está cerrado" tanto por la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad de información, como por la propia jurisprudencia. Así, ha recordado, cuando los jueces han tenido que ponderar el posible conflicto entre derechos individuales (como el derecho al honor) y la libertad de información, "se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la segunda cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general".

A pesar de la aparente aclaración del ministro negando que el Gobierno planee "penalizar a los medios", la plataforma ha trasladado su temor de que tras esta sugerencia de Catalá "se esconda la misma intención que en la 'ley mordaza': evitar que sean los jueces quienes resuelvan estos casos, aplicando, en cambio 'multas' o 'sanciones administrativas'".

En la misma línea, ha justificado también esa desconfianza pese a la rectificación porque en otros proyectos legislativos ahora en tramitación como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "también apuntan a la censura en los procedimientos judiciales, al prever que se supriman de los sumarios los datos personales, de modo que las partes y la prensa no puedan divulgarlos".

MÁS MEDIOS PARA LA JUSTICIA

En cualquier caso, la plataforma ha subrayado que para garantizar que no se vulnere el derecho a la defensa lo mejor que se puede hacer es dotar de medios a los juzgados. "La única forma de evitar juicios paralelos es dotar de medios a la justicia para que sea rápida y eficaz. La justicia lenta no es justicia", ha manifestado el director legal, Carlos Sánchez Almeida.

Igualmente, ha censurado que Catalá "presente tanto celo" cuando las informaciones afectan a casos de corrupción "y pase por alta la reiterada falta de respeto" del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "a la presunción de inocencia en asuntos que afectan a la libertad de expresión y el derecho a la protesta".

"Argumentar que este cambio propuesto por el ministro Catalá solo busca defender 'la intimidad' y la 'presunción de inocencia' es tomar por idiotas a los ciudadanos", ha afirmado Ignacio Escolar, director de eldiario.es, uno de los socios fundadores de la PDLI.