El Pleno del Congreso aceptará mañana tramitar la derogación de los plazos máximos para instruir sumarios

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias tanto el Grupo Socialista como Ciudadanos votarán a favor de la tramitación de esta iniciativa puesto que ambos tienen registradas iniciativas con este mismo objeto. De hecho, ya figura en la ley integral de Ciudadanos contra la corrupción, que fue tomada en consideración pero lleva semanas 'hibernando' en la Cámara.

El texto que se iniciará su andadura parlamentaria este martes consta de un único artículo que persigue la derogación del nuevo artículo 324 de la LECRIM aprobado por el PP en la anterior legislatura, que entró en vigor el pasado 6 de diciembre, y que, según Unidos Podemos, se redactó "de espaldas a la realidad".

NO SE PUEDE HACER SIN MEDIOS

El grupo parlamentario admite que el límite general de un mes anteriormente previsto en el ordenamiento no se respetaba, pero recalca que no se pueden acortar los plazos sin dotar de más medios a la administración de Justicia.

"Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos", argumentan, incidiendo en que ello tendría "especial incidencia en las instrucciones más complejas", como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada.

NO IMPIDE LA PENA DE BANQUILLO

Además, aducen que el sistema instaurado por el PP "no impide la denominada 'pena de banquillo' e incluso puede favorecer que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos.

"La otra opción es el sobreseimiento, con la consiguiente impunidad de hechos entre los que cabe intuir que se incluirán los de mayor gravedad, sancionados en el Código Penal, al ser los de más dificultosa investigación", continúa Unidos Podemos en la exposición de motivos de su reforma.

Asimismo, el grupo proponente sostiene que la reforma del PP produce "inseguridad jurídica" y recuerda que hasta la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, alertó de que el establecimiento de esos plazos en la instrucción planteaba "zonas de penumbra" y de que las asociaciones de jueces y fiscales también la criticaron.