Podemos lleva al Congreso sus propuestas para acabar con las 'puertas giratorias'

El grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende introducir varias modificaciones legislativas destinadas a poner fin a las denominadas 'puertas giratorias' entre el sector privado y los puestos de responsabilidad pública.

El texto que será debatido en el Pleno del Congreso ha sido registrado por el portavoz de Podemos en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Segundo González, y la miembro del área de Acción Institucional de partido Marta Domínguez.

En su iniciativa, el partido morado insta al Gobierno a promover una normativa para prohibir total y permanentemente el acceso de determinadas personas que hayan tenido cargos públicos a los consejos de administración y/o de alta dirección en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado.

No podrán acceder quienes hayan sido presidentes del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subscretarios y asimilados, secretarios generales, delegados del gobierno, jefes de misiones diplomáticas, miembros de los organismos reguladores o de supervisión, o que hayan sido nombrados por el Consejo de Ministros para cargos en el sector público estatal. También tendrán vetados los Consejos de Administración quienes hayan desempeñado puestos de alta dirección en la Administración Pública o en las entidades del sector público estatal.

REFORZAR LAS INCOMPATIBILIDADES

Además, Podemos quiere aumentar de los dos años actuales hasta 10 el periodo de carencia para que los altos cargos del Gobierno no puedan prestar servicios para entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante el ejercicio de su cargo o hayan estado relacionadas con su gestión.

Otra de sus propuestas es extender estas limitaciones a las personas que ocuparan puestos de personal eventual y asimilados, o de asistencia a todos los altos cargos a los que quieren imponer estas incompatibilidades o prohibiciones.

Podemos pretende que el Congreso inste, asimismo, al Gobierno a promover una normativa que regule la actividad de los grupos de presión (o "lobbies"), a crear un registro de los mismos, y a elaborar código de conducta común que establezca la obligación a dichos grupos de declarar los intereses que representan y un sistema de control y procedimiento sancionador.

CONTRATACIÓN DE LOBBIES

Según la propuesta del partido morado, estos grupos de presión no podrán contratar a diputados y diputadas ni a sus asistentes o a quienes hayan contratado como persona eventual. Además, si emplean a antiguos miembros del Gobierno, deberán informar sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

También pretenden que los altos cargos declaren las nuevas funciones que ocupen, ya sean remuneradas o no, es decir, imponerles la denominada 'Regla de Double Checking' por la que tendrán que informar tanto el empleador/contratante como el empleado/contratado.

El partido de Pablo Iglesias demanda que se refuerce la transparencia, la independencia, las competencias y las capacidades inspectoras y sancionadoras de la actual Oficina de Conflictos de interés, para garantizar que vele por el cumplimiento de sus funciones y las normas cuyo desarrollo se solicita en los apartados anteriores y que al mismo tiempo que esté dotada de un presupuesto propio para la ejecución de sus tareas.

El último punto de la iniciativa insta al Ejecutivo a reforzar las actuales incompatibilidades de los cargos electos, para evitar las llamadas "puertas giratorias" y para que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus interesas privados y los inherentes a sus funciones públicas.