Podemos pide garantías de que la cooperación al desarrollo no se condiciona al control de las migraciones

Para Unidos Podemos, el plan debe "rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión", dice el texto, consultado por Europa Press.

El V Plan Director, que regirá la política de cooperación española en 2018-2021, debe llegar al Congreso y al Senado este primer trimestre, y Unidos Podemos considera que es una oportunidad "para que España tenga un papel fundamental de liderazgo en el exterior, acorde con su peso internacional" y con el apoyo de la sociedad a la política de desarrollo.

Así, reclama que el documento establezca una hoja de ruta clara para que la cooperación alcance un nivel de ayuda al desarrollo del 0,4 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2020 y el 0,7 por ciento en 2030, como mínimo, y diferenciando la ayuda de los recursos que se movilicen para combatir el cambio climático.

Un 10 por ciento del presupuesto de la AOD, prosigue el documento, debería dedicarse a ayuda humanitaria, y también dar más importancia a la "diplomacia humanitaria".

Además, pide que se cumpla la recomendación de la OCDE de que, como promedio, el 86 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo sean donaciones y que, aunque la cooperación se centre en los países de renta más baja, se siga cooperando con los de renta media, puesto que es en ellos donde vive la gran mayoría de personas que está bajo el umbral de la pobreza, para combatir todas las desigualdades, incluida la de género.

Por otro lado, subraya que el plan debe alinearse con los compromisos internacionales --como la Agenda 2030, la Agenda de Addis Abeba y el Acuerdo de París contra el cambio climático-- y con los principios internacionales de eficacia para el desarrollo: apropiación de la implementación de la ayuda por los países receptores, alineación con sus estrategias de desarrollo, coordinación entre donantes, enfoque basado en resultados y rendición de cuentas.

Para ello, propone un marco de seguimiento y evaluación y también que el plan fortalezca la "arquitectura institucional" para garantizar la coherencia y coordinación de la ayuda. También que incluya una reforma del sistema de cooperación, con la redacción de una nueva ley que incluya los retos planteados por la Agenda 2000.

Por otro lado, reclama que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer sean ejes transversales y que la infancia y sus derechos sean una de las prioridades.

Junto al papel del sector público, quiere que se defina el papel que debe tener el sector privado, promoviendo prácticas éticas y sostenibles, que otorgue un marco estratégico a las ONG definiendo sus diferentes roles.