Policía e Interpol desarticulan la rama española de una red internacional de blanqueo de capitales

Las detenciones se han realizado en Zaragoza y A Coruña, y se han practicado cuatro registros en Zaragoza en los que se han intervenido abundante documentación y dispositivos informáticos, y bloqueado más de una veintena de cuentas bancarias.

La organización habría defraudado desde 2014 más de 5.400.000 euros a través de las transacciones realizadas por unas empresas ficticias creadas en España, afectando a miles de víctimas principalmente estadounidenses.

La investigación comenzó tras la denuncia de una entidad bancaria en la que alertaba sobre diversas transacciones fraudulentas realizadas durante el segundo semestre de 2014. En todos los casos se había utilizando la información de tarjetas de crédito o débito de clientes de dicha entidad para efectuar cargos a través de una pasarela de pago de una empresa fantasma radicada en A Coruña.

La organización criminal es de carácter internacional y está integrada por al menos 20 miembros asentados en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Desde 2014 año habrían operado mediante un sistema de procesamiento de tarjetas de crédito vía electrónica y donde cada uno de los miembros se encargaba de unas funciones muy determinadas.

ENTRAMADO DIRIGIDO DESDE COSTA RICA

Los miembros radicados en Costa Rica se encargaban de obtener los datos de las tarjetas bancarias, atacando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos o comprando dichos datos a terceros.

Por su parte, los asentados en España, tras recibir instrucciones de Costa Rica, se encargaban de la creación de sociedades y la contratación de Terminales de Punto de Ventas (TPVs).

Tras recibir las numeraciones de las tarjetas obtenidas de forma ilícita efectuaban los cargos en dichas tarjetas utilizando estos TPVs. En otras ocasiones contrataban los servicios de pasarelas de pago extranjeras y las utilizaban como intermediarias para efectuar los cargos.

Posteriormente, el dinero obtenido a través de las TPVs era transferido a diversas sociedades, nacionales y extranjeras, creadas por otros miembros de la organización criminal. Además, para dificultar el seguimiento de los movimientos y una posible investigación, el dinero circulaba de una sociedad a otra.

Un ciudadano español, residente en Costa Rica, era el principal responsable de la organización criminal. Este contaba con el apoyo en España de varias personas, residentes en la provincia de Zaragoza, cuyo cometido era facilitarle la infraestructura necesaria para llevar a cabo los fraudes.

En un escalón inferior de la organización se encontraban dos mujeres, con domicilio en A Coruña, responsables de la principal empresa ficticia creada por la trama en España.

La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de policías de las Brigadas de Policía Judicial de Zaragoza y A Coruña. Con ellos han participado especialistas del Grupo de Fraudes en Internet de la Policía Nacional de Francia, del Servicio Secreto y el FBI de EEUU, y el EC3 de Europol e Interpol.

Actualmente se han activado los mecanismos de colaboración policial y judicial internacional para el desmantelamiento del resto de la organización criminal asentada en Francia, EEUU, y Costa Rica.