La cúpula de la Policía en Melilla en 2002 será juzgada tras ser denunciada por un exconsejero de Economía del GIL

Este viernes 8 de junio comenzará el juicio contra la cúpula policial en Melilla del año 2002, desde el comisario de entonces, Julián Sáez de Arenillas, hasta jefes y subjefes de brigadas como la lucha contra droga y delincuencia económica, tras ser denunciados por el exdiputado del GIL y exconsejero de Economía de Melilla Francisco Suárez y el empresario melillense Hamed Uassani, entre otras personas que fueron relacionadas con un caso de presunta relación con una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La sesión estaba prevista que se iniciara este jueves pero la aportación de nueva documentación ha hecho que la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla haya decidido posponer a este viernes el inicio del juicio contra diez agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

En la sesión se juzgará a estos mandos, a los que las defensas de Francisco Suárez y Hamed Uassani les acusan de la comisión de cuatro presuntos delitos, como denuncia y acusación falsa, falsedad documental e intromisión al derecho a la intimidad, por dirigir o participar en la investigación a principios del año 2000 de la llamada "Operación AVE" contra una supuesta red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Esas pesquisas llevaron el 26 de noviembre de 2002 a la detención de Francisco Suárez, Hamed Uassani y otras trece personas más, acusados de esos delitos. Sin embargo, la Audiencia Provincial declaraba dos años después nulas las escuchas telefónicas en las que se basaron para realizar dichas acusaciones y por tanto no dio por valida la investigación, por lo que quedaron absueltos.

Una vez conocida esta decisión, fueron los dos acusados los que pasaban a la acción y denunciaron a los agentes que provocaron con sus investigaciones que el exconsejero de Economía pasara casi dos meses en prisión y el empresario permaneciera encerrado tres días en los calabozos de Comisaría, así como sus cuentas y propiedades económicas bloqueadas.

Sus defensas piden para los diez agentes que ahora se sientan como acusados de varios delitos seis años de cárcel para cada uno y 96.000 euros de fianza.