El juez pide a la Policía que efectúe diligencias en torno a la denuncia contra Costa por prevaricación

Así consta en una providencia, facilitada por el tribunal valenciana, en la que se detalla que la denuncia se extiende, además de a Costa, al empresario Gabriel Batalla.

En concreto, en el escrito, el magistrado acuerda practicar las diligencias "necesarias" para determinar la "eventual responsabilidad" en que hayan podido incurrir los denunciados Ricardo Costa y Gabriel Batalla, hechos que podrían ser constitutivos de los posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ordena trasladar a los denunciados el auto de 14 de junio, por el que la sala de lo Civil y Penal se declaraba competente para asumir esta investigación, así como la nueva providencia, en la que se abren las diligencias.

Asimismo, ordena oficiar a la Policía Judicial para que, con el objeto de esclarecer los hechos, efectúe las diligencias "necesarias" encaminadas a determinar las circunstancias y naturaleza de los hechos indicados, persona o personas que hayan podido participar en los mismos.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa y Gabriel Batalla, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia. Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano. La sala del tribunal valenciano aceptó la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y nombró instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el 'caso Gürtel' que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PPCV a través de empresas investigadas en la trama, como Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'.