El juzgado reclama a la Policía el material informático decomisado en los registros de 2010

En una diligencia de ordenación firmada por la secretaria de este órgano, a la que ha tenido acceso Europa Press, se da a los agentes "el improrrogable plazo de un mes" para que remitan ese material, así como un informe con el "correspondiente análisis del mismo, bajo apercibimiento de desobediencia a este tribunal".

Igualmente, el juzgado advierte a la citada unidad policial de que incurrirá también en desobediencia si no da respuesta en quince días a otros dos requerimientos de pruebas que le trasladó mediante sendos oficios fechados el 29 de julio y el 27 de noviembre del pasado año.

En esta causa están imputadas 21 personas, entre ellas los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fueron arrestados junto a otros sospechosos el 6 de julio de 2010 en la denominada 'Operación Brugal' por supuestas irregularidades en el desarrollo y adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Tanto sus domicilios particulares como las sedes de las diferentes empresas de Ortiz y Fenoll en Alicante y Orihuela, respectivamente, fueron registrados por los agentes de la UDEF, que se incautaron de diversa documentación y material informático.

La investigación apunta a que el entonces presidente de la Diputación habría amañado la adjudicación de los residuos en esta comarca de la Vega Baja para que dos de los aspirantes a la contrata, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, alcanzaran un pacto que pasaba por la adquisición del primer empresario al segundo de unos terrenos, en concreto la finca La Pistola, donde iría ubicada una planta de tratamiento de basuras.

CINCO DELITOS

Ripoll está imputado en esta rama judicial del 'caso Brugal' por cinco delitos: cohecho, fraude, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. El exdirigente del PP ha presidido la Autoridad Portuaria de Alicante hasta el pasado mes de noviembre, cuando fue sustituido por Juan Ferrer.

En la supuesta trama de corrupción político-empresarial relativa al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja también participaron, supuestamente, otros cargos del PP, como los concejales oriolanos David Costa o la exalcaldesa Mónica Lorente, que aún debe prestar declaración como imputada en el Juzgado de Primera Instancia 3, y el ex portavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós.

La Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja aprobó el pasado 21 de enero rescindir el contrato con la UTE Cespa-Ortiz, participada por Enrique Ortiz, para la concesión de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal XVII, una decisión que contó con el respaldo de todos los municipios de la comarca y la única abstención del representante del Ayuntamiento de Orihuela.

La resolución del contrato se adoptó tras los informes favorables del Consell Jurídic Consultiu, de dos catedráticos de Derecho y "sobre todo del informe de la secretaria" de la Diputación de Alicante, según explicó entonces la actual presidenta de la institución provincial, Luisa Pastor.