Prosigue la polémica por la proyección del documental sobre presos de ETA

Así lo ha expuesto el Gobierno en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la diputada de UPyD Rosa Díez, que se ha interesado sobre las razones por las que no se iniciaron antes los trámites entre el delegado y el Ayuntamiento de San Sebastián para impedir el visionado del filme.

La líder de la formación magenta ha preguntado cuándo remitió por primera vez la Delegación del Gobierno un escrito a la Fiscalía sobre el riesgo de que se proyectara este vídeo sobre presos de la banda terrorista ETA. Además, ha requerido la opinión del Ejecutivo sobre el hecho de que EH Bildu "apoye constantemente" a presos etarras y los considere como "presos políticos".

El Gobierno ha argumentado que la Delegación del Gobierno del País Vasco tuvo conocimiento el 10 de septiembre de la pretensión del consistorio donostiarra de ceder el uso del teatro Victoria Eugenia para que el documental se exhibiera al día siguiente.

En este momento, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, comunicó la decisión al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

"Ante la rápida reacción de la Delegación del Gobierno, los organizadores adelantaron la proyección al mismo día 10 de septiembre. Dicho proceder fue conocido por al Delegación del Gobierno el 11 de septiembre", indica la respuesta parlamentaria, que añade que esta eventualidad se puso en conocimiento de la Fiscalía ese mismo día.

Interior vela por el cumplimiento de la ley

En relación con la actividad de EH Bildu, asegura que el Ministerio del Interior velará por el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley de Partidos Políticos y en la Ley del Régimen Electoral.

En concreto, hace referencia al artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. Este artículo establece que un partido podrá ser declarado ilegal cuando su actividad vulnere principios democráticos justificando atentados contra personas, legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o promoviendo o dando cobertura repetidamente a actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir acciones terroristas o a quienes las cometen.

El Ministerio del Interior también velará por el cumplimiento del artículo 44.4 de la Ley del Régimen Electoral General, que prohíbe a los partidos presentar candidaturas que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de un partido ilegal. Para ello, se tendrá en cuenta, entre otros factores, su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo.