Queda visto para sentencia el juicio por el 'caso Guateque' con el alegato de inocencia de acusados

El juicio por el 'caso Guateque' ha quedado esta mañana visto para sentencias con el alegato de inocencia de los acusados y tras cuatro meses de sesiones en los que, según el fiscal, han quedado acreditadas "las tácticas mafiosas" de la presunta red corrupta en la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón dirigía la Alcaldía capitalina.

La vista oral, celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid, llega a su fin de la mano de la presidenta de la Sala, Carmen Compaired Plo, tras diez años desde que se iniciaran las pesquisas por orden del entonces juez instructor Santiago Torres. Se prevé que la sentencia llegue antes del próximo mes de julio, según han señalado fuentes jurídicas.

Antes de la última palabra, el abogado del Ayuntamiento de Madrid ha manifestado que ve "improcedente" que el Consistorio figure en la causa como responsable civil subsidiario, dado que nadie ha requerido que se le indemnice por daños y perjuicios.

En sus últimas palabras, diez de los treinta acusados han reiterado su inocencia y han reclamado al Tribunal que dicte una sentencia justa. Una de ellos ha sido Victoriano Ceballos, considerado el presunto cerebro de la trama.

Ceballos, que estaba al frente de la División de Impacto Ambiental, ha criticado que durante estos años se le ha "vilipendiado" y tratado "sin razón" como un mafioso, cargando las culpas al representante del Ministerio fiscal.

"Mi familia ha pasado un traumático calvario y sin ninguna posibilidad de recuperar ni psíquicamente ni moralmente el daño causado, he llegado a quedar destrozado. Ustedes señorías han comprobado de que no hay nada cierto", ha dicho.

"Por mi forma de ser soy una persona jocosa y habló muchas cosas que debiera reposar un poco porque no se sabe en qué manos puede caer. Señoría, solo les pido que emitan un juicio justo en base a las pruebas de los delitos que se le imputan ", ha reconocido el exfuncionario, quien ha denunciado haber sufrido amenazas antes y durante la vista.

Jesus Vicente García, otro de los acusados, ha destacado que lleva sus 25 años de carrera trabajando con "rectitud y honestidad", acusando al fiscal de falta de rigor jurídica por sus "imaginaciones". "Nunca he pertenecido a ninguna banda de chorizos y estoy sentado aquí por la tozudez del fiscal", ha insistido. Además, ha culpado al representante fiscal de sus problemas de salud, como del derrame cerebral que sufrió hace unos días.

En los pasillos de estas dependencias judiciales, varios abogados han confiado en que la Sala declare nulas las escuchas telefónicas, base sobre la que se sustenta gran parte de las acusaciones. Su nulidad podría afectar a la mayoría de la causa. El tribunal afirmó al inicio del juicio que se pronunciaría sobre este extremo en la sentencia.

PENAS SOLICITADAS

Los procesados afrontan condenas de entre 10 meses y 31 años de cárcel. A los acusados se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.

En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.

Otro de los principales acusados es Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años y seis meses de prisión.

Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.