Rafael Durán pide el archivo y critica que "se haga lo que se haga se es culpable, aunque no haya intervenido"

El exportavoz del PP de Palma Rafael Durán ha recurrido el auto que el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, dictó como primer paso para sentarle en el banquillo de los acusados en el marco de esta causa por un presunto desvío de 1,9 millones de euros en la adjudicación del videomarcador del velódromo palmesano y, en su escrito, recrimina que "se haga lo que se haga se es culpable, aunque no se haya intervenido".

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Durán solicita el archivo de su imputación al negar la comisión de los delitos de malversación y fraude a la administración que se le atribuyen, y rebate punto por punto los argumentos esgrimidos por Castro en la resolución judicial impugnada, que ponía fin recientemente a la instrucción de la pieza separada número 18 de la causa.

Junto al exalto cargo 'popular', defendido por el abogado José Ramón Orta, el juez decretaba que continuase el proceso penal contra otros seis encausados por estos hechos, entre quienes se encuentran el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester y el propietario de la agencia de publicidad Nimbus, Miguel Romero. Ambos también han impugnado el auto.

La defensa de Durán, quien presidía la Junta del Consorcio para la construcción del Palma Arena, defiende en su recurso la legalidad del procedimiento por el que fue adjudicado el videomarcador y, respecto al hecho de que dos empresas del mismo grupo concurrieran al mismo -Smartvision (la concesionaria) y Odeco-, subraya que el concurso era abierto por lo que, de acuerdo a la Ley aplicable entonces, podían haber presentado oferta "todas las empresas del mundo sin que se pudiera restringir su participación".

"Si este concurso se hubiera querido corromper de algún modo, existían dentro de la legalidad vigente formas que permitirían restringir o anular la libre concurrencia", asevera el abogado de Durán, quien señala que no sucedió así en este caso puesto que "se optó por el proceso de adjudicación más limpio, transparente y que mejor garantizaba la libre concurrencia".

El letrado asegura así desconocer "qué tipo legal infringe el hecho de que un grupo empresarial pueda presentarse a un concurso con diferentes empresas de su propiedad", una circunstancia que "se da diariamente en todas las mesas de contratación". De hecho, alude al grupo ACS, perteneciente a Florentino Pérez, como ejemplo de ello y señala que por el hecho de que éste concurra con distintas empresas de su conglomerado "no implica que los concursos estén amañados o corrompidos".

Es más, recalca que la oferta de cada empresa era distinta ya que ofrecían un producto diferente y con distinto precio. La defensa concluye en este sentido que el que un licitador decida presentarse con dos de sus marcas "no es ninguna ilegalidad" y, de serlo, "nunca podría ser imputable" en este caso a su patrocinado.

En su escrito, el representante legal de Durán recuerda que presidió la mayor parte de las reuniones de la mesa de contratación que tuvieron lugar -por delegación de la entonces alcaldesa de Palma, Catalina Cirer-, pero recalca que ésta no era el órgano para la contratación sino que esta competencia recaía en la gerencia del consorcio, cuyo responsable, Jorge Moisés, fue quien resolvió adjudicar el videomarcador a Smartvision.

Y ello, abunda la defensa, sin apartarse del informe técnico que precedió al resultado del concurso y que consideraba la oferta ganadora como "la mejor calificada técnicamente y la más barata de las presentadas". "En este caso, el proceso administrativo funcionó como el legislador pretende que funcione la contratación administrativa, contratando la mejor oferta tanto técnica como económicamente", remarca.

"LA MESA DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA ANTE UNA PRUEBA DIABÓLICA"

En todo este contexto, el abogado llama la atención sobre el hecho de que Castro afirmara en su auto que "se le hizo la vida imposible" a Mitsubishi -otra de las empresas que concurrió al concurso-. "La mesa de contratación se encuentra ante una prueba diabólica. Si se exige el cumplimiento escrupuloso de lo prescrito en los pliegos es poner trabas, 'hacer la vida imposible' y eso es corrupción. Si no se exige dicho cumplimiento escrupuloso, es también corrupción", lamenta.

"Lo cierto es que Mitsubishi recibió el mismo trato que el resto de los ofertantes", asegura el letrado en su recurso, en el que remarca que esta empresa no puso ninguna objeción al resultado del proceso, aseverando que "una multinacional de la envergadura de Mitsubishi, si no está de acuerdo con algo, evidentemente lo recurre".

La defensa también incide en la orden de pago de las facturas que firmó previa firma del gerente: "Pues sí, mi mandante firmó la orden de pago por el importe exacto de la adjudicación, como era su obligación", subraya en su escrito, en el que se cuestiona si "hay algo penalmente reprochable en pagar un suministro correctamente licitado y adjudicado, previa firma del gerente y siguiendo la prescripción de la ponencia técnica".

SE DESVINCULA DE TRES FACTURAS PAGADAS AL MARGEN DEL CONCURSO

El investigado se desvincula finalmente del pago de tres facturas -por importe de 158.924, 63.760 y 42.580 euros- que se abonaron al margen de la anterior adjudicación al empresario Sebastià Rotger -también imputado- por cuanto en ese momento "ya no ocupaba ninguna responsabilidad en el Palma Arena".

De igual modo, asegura desconocer que antes de que finalizase el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación del videomarcador ya existió una reunión en Barcelona, como apunta Castro en su auto, con un directivo de Odeco. "Mi representado ni conocía el viaje, ni fue invitado al mismo y lógicamente no asistió, por lo que no se le ve la razón por la que deba ser investigado penalmente por ello", sentencia.

Cabe recordar que Durán fue detenido junto a otros cuatro exaltos cargos y empresarios en la operación policial del caso Palma Arena, producida en agosto de 2009. Su arresto generó una amplia expectación -permaneció tres días en los calabozos, el plazo máximo legal en la que una persona puede estar detenida antes de ser puesta a a disposición judicial- y le llevó semanas después a dimitir del cargo. Desde entonces no fue citado a declarar hasta el pasado mes de marzo.