La causa contra Rato afecta a medio centenar de empresas y datos informáticos que llenarían 728 camiones según ONIF

La causa contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por delitos fiscales, blanqueo, y corrupción entre particulares investigada hasta noviembre del pasado año a 48 empresas y precisaba del análisis de 40.000 folios ya numerados, sellados y firmados y del material obrante en 29 dispositivos electrónicos cuyo contenido "equivaldría a unos 728 camiones de documentos".

Así lo expresó el pasado 23 de noviembre la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Marga García-Valdecasas al juez instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal en un informe en el que le expresaba la imposibilidad de analizar en 15 días, tal y como solicitaba el juez, la ingente documentación incautada en los registros realizados el 16 de abril de 2015 en los despachos y domicilio de Rato en Madrid y en un despacho de la urbanización gaditana de Sotogrande.

Según el informe obrante en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, el volumen de la información incautada incluía hasta esa fecha 28 cajas con 40.000 folios más 80.000 correos electrónicos del periodo (2007- 2015) que requerirían el análisis de personal de la ONIF, que fueron encontrados en servidores, ordenadores de sobremesa, portátiles Y 'pendrives'.

El material en dichos dispositivos ocupa un total de 728,1 'gigabytes', según a ONIF, que estima que dicha información, una vez depurada "ya apartada la información que no se considere de interés para el caso", pondría a disposición de los agentes tributarios entre un diez y un veinte por ciento del total. "Es decir, utilizando la comparación anterior, el equivalente a 72-145 camiones de documentos", precisa el informe.

CUATRO FUNCIONARIOS PARA ESCANEAR

Entre los meses de junio y julio pasados, la ONIF destinó a cuatro funcionarios de este órgano únicamente para escanear la información incautada en los ordenadores de Rato y volcarla en las bases de datos de la AEAT.

Por todo ello, y dada la complejidad de la causa, García-Valdecasas advertía que no podría cumplir con el requerimiento del juez de elevar informe en 15 días y que debía "reconsiderar su decisión".

De lo contrario, "y dado el apercibimiento recibido en relación con el posible delito de desobediencia que podría atribuirse", la ONIF pedía al titular del Juzgado de Instrucción número 31 que elevara "a definitivos" los informes provisionales que hsta el momento se habían dictado y ordenara la paralizción de las actuaciones mientras avanzaran sus pesquisas.