El juez del caso Rato prorroga 18 meses más la investigación sobre su patrimonio al considerarse causa compleja

El magistrado toma esta medida en base al artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que, tras medio año de instrucción, la declare compleja si se dan las circunstancias para ello y prolongue las diligencia por un plazo de 18 meses, según informan fuentes jurídicas.

El juez investiga al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por delitos fiscales y de corrupción entre particulares en una pieza principal y mantiene abiertas a su vez otra decena, entre ellas la relativa a la empresa de publicidad Cor Comunicación creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013.

La investigación integra también una pieza que estudia los cobros por conferencias a BCC que, pese a haber sido archivada en noviembre, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura al entender que los hechos no habrían prescrito y otra relativa a los contratos publicitarios firmados entre diversas sociedades y Bankia, entidad que Rato presidió entre 2010 y 2012.

El pasado viernes el juez instructor archivó provisionalmente la parte de la instrucción relativa al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa en el que se apuntaba que el exbanquero cometió los delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y cohecho.

Según el juez, el informe de la Guardia Civil que apunta que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza y luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación "carece de sustento básico alguno".

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

En dicho auto el magistrado apunta que, de haberse producido delito de cohecho, éste habría prescrito en 2014 porque porque Rato abandonó el Ejecutivo diez años antes. Respecto a la comisión de delito fiscal al que apuntó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria Serrano-Arnal concluyó que los hechos denunciados no señalaban qué cuota tributaria concreta relativa a qué ejercicio fiscal había sido objeto de blanqueo.

En el informe se apuntaba que Hacienda había detectado rentas no declaradas en el IRPF del exbanquero "por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros" entre los años 2004 y 2015, y que defraudó cuotas por un importe cercano a los 6,8 millones de euros.

La defensa del exvicepresidente del Gobierno respondió con un escrito al magistrado en el que denunció que la UCO, "ante ausencia de indicios delictivos sobre los que plantear su hipótesis criminal" recurrió a unos hechos de hace más de 20 años para "de manera tergiversada y absolutamente contraria a la realidad" construir unos "supuestos indicios de criminalidad" sin apoyar su teoría en una "base fáctica sólida y coherente".