Registros en Caravaca (Murcia) estarían relacionados con operaciones de corrupción en Librilla y Aledo

Los agentes que conforman el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están recabando información para el análisis de documentación en los registros practicados en el Ayuntamiento de Caravaca y otros cinco lugares. Esta operación estaría relacionada con una pieza separada de 'Líber' y 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.

El juzgado que lleva la investigación es el titular de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que ha decretado el secreto de las actuaciones. El magistrado ya abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el marco de la operación 'Biblioteca', que saltó a la luz pública en noviembre de 2008 en la localidad de Librilla.

En el marco de dicha operación, la UCO de la Guardia Civil practicó una decena de detenciones, entre ellas el entonces alcalde, José Martínez; y el concejal de Urbanismo y teniente alcalde, Pedro Martínez, para los que se decretó su ingreso en prisión.

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudicó el PGOU a la mercantil Acadi S.L., cuyo propietario, el ingeniero Domingo Peñalver, fue también detenido en la primera fase de la operación. Este ingeniero fue contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra pública, según denunció el PSOE.

El PSOE alertó en su día que cuando se adjudicó el PGOU a la mercantil Acadi, ésta no tenía ninguna actividad urbanística, pero en el mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se cambió el objeto social para introducir el urbanismo.

A partir de ese momento, se negociaron una treintena de ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan con los propietarios del suelo. Diversos indicios apuntaban a una trama de presunta corrupción que manejaría el funcionario de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano, ya fallecido; y Peñalver.

El objetivo era introducir estas ordenaciones en el PGOU, de forma que a todos los firmantes de los convenios se les exigió que encargaran la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida por el entones alcalde.

El PSOE calificó estos hechos de "trama verdaderamente compleja" y acusó a Peñalver de "mantener, a través de Acadi, una red de contactos con funcionarios municipales, entre ellos Cano, y de confianza que hacía que se le adjudicaran obras y relaciones de planes generales y de convenios".

Precisamente, el trabajador del Ayuntamiento de Librilla y consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla era José Andrés Cortés, detenido en la operación 'Biblioteca'.

TRAMA EXTENDIDA A LIBRILLA, ALEDO Y CARAVACA

Esta "trama", según el PSOE, se extendía por otros municipios, entre ellos Aledo y Caravaca. Y es que, "consecuencia de esta trama, según los socialistas, fue la polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca".

En concreto, la empresa propietaria de este paraje era Golden Sky S.L, en concurso de acreedores, y propiedad, entre otros accionistas, de Peñalver a través de Acadi.

El PSOE denunció que esta empresa "consiguió que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparecía en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, apareciera por arte de magia en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Igualmente, alertó de la existencia de informes "negativos" de técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que decían que "eso estaba mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde Domingo Aranda llevaba adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras Públicas".

Posteriormente, en octubre de 2011 el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, en una segunda pieza de la operación 'Biblioteca', ordenó la puesta en libertad del alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Liber', de presunta corrupción urbanística en la localidad.

Alcaraz fue arrestado el 18 de octubre de 2011, pero no fue hasta el día 26 cuando pasó a disposición judicial, ya que durante ese tiempo permaneció ingresado en su hospital de referencia, el Rafael Méndez de Lorca, debido a su estado de salud, llegando incluso a someterse a un cateterismo en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Ya en la madrugada del día 27, el titular de dicho juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional. Estas actuaciones, declaradas secretas, forman parte de un procedimiento abierto en el que se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad.

Los detenidos por agentes de la UCO en esta segunda pieza de la operación 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Librilla, fueron el entonces alcalde de Aledo, Simón Alcaraz; así como la secretaria municipal y exsecretaria del Consistorio, Rosario Hita y Concepción P., respectivamente; y Domingo Peñalver, el que fuera propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; entre otros.