Represaliados del franquismo arremeten contra miembros del exgovern catalán por definirse como "presos políticos"

"En España no existen presos políticos, ni nadie se ve obligado a expatriarse como consecuencia de una supuesta persecución política ejercida por el Estado o por los jueces", reitera el documento de los antiguos presos, entre los que se encuentra el exmiembro de ETA Eduardo "Teo" Uriarte, condenado a muerte por la justicia franquista en 1970 en el marco del conocido como Proceso de Burgos.

"Nuestra Constitución define a nuestra Nación como un Estado de Derecho y garantiza que nadie pueda ser perseguido por motivos ideológicos, políticos y religiosos", indica el grupo de ex presos políticos, que reiteran que en España se cumplen todas las condiciones para la expresión de cualquier ideología "moralmente legítima", y están "garantizadas las vías democráticas para la consecución de cualquier objetivo, político, económico y social compatible con la Libertad y la Justicia".

Y denuncia la "campaña de desprestigio" iniciada por los dirigentes catalanes, a los que acusa de subvertir el orden y crear un nuevo orden político en España "amparándose en las prerrogativas que les concedió el Estado democrático". Además la misiva apunta a que Puigdemont y sus consellers se han servido de medios ilegales y de las arcas del Estado para sus objetivos secesionistas.

LOS ÚLTIMOS PRESOS POLÍTICOS DE UN PAÍS DE LA EUROPA NO COMUNISTA

El texto ha sido firmado por Eduardo "Teo" Uriarte, José María Zubiaga, Iñaki Viar, Rafael Simón, Luís María Igartua, Javier Elorrieta y Luís Emaldi, y en él se reivindican como los "últimos presos o exiliados políticos de un país de la Europa no comunista".

Destacan que su acción se basó en negar el autoritarismo del régimen franquista y en reivindicar un sistema de libertades para España, entendiendo que su lucha buscaba objetivos semejantes a las condiciones de la Europa democrática de entonces.

"Luchamos entonces por causas distintas, pero todas ellas gozaban de libertad de expresión en la Europa democrática de aquellos años, y todas coincidían en negar el autoritarismo del régimen franquista y en reivindicar un sistema de libertades para España", asegura el documento.

Y realizan una defensa del texto constitucional de 1978, asegurando que el ordenamiento político que instauró supuso una "garantía de libertad y convivencia", y la "fórmula que ha permitido acabar con el secular enfrentamiento entre españoles".