Imputado el alcalde de Buñol por presunta prevaricación

La imputación del alcalde se produce después de la denuncia que interpuso el PP de Buñol ante Fiscalía el pasado mes de julio por la contratación de una empresa privada para gestionar la venta de entradas de la Tomatina "sin ningún tipo de control administrativo ni de control de intervención", según indicaba en su denuncia.

Fiscalía, tras estudiar el escrito, decidió remitir en septiembre las diligencias instruidas al juzgado decano de Requena para que continuase con la investigación al órgano que correspondiera, ya que apreciaba que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación.

Según mantiene el PP en un comunicado, el Ayuntamiento --conformado por el tripartito EU-PSOE-IAB-- hizo una adjudicación "a dedo" en 2013 para la comercialización de la Tomatina a una empresa que "movió un volumen de negocio de más de dos millones de euros". Fuentes conocedoras del caso han indicado a Europa Press que lo que se investiga es una presunta comisión del 15 por ciento que se llevó el consistorio por esa venta de entradas y que podría rondar los 22.000 euros.

Tras la imputación, el PP ha indicado que "estamos en presencia de la punta del iceberg del chapapote político de presuntos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Buñol", al tiempo que ha apostillado que durante los últimos 15 años "han existido adjudicaciones irregulares, sin procedimiento administrativo alguno en relación a la limpieza viaria, recaudación, publicidad de la radio municipal y otras contrataciones de obras".

Al respecto, ha recordado que un informe de la Sindicatura a la Cuenta General del año 2010 "ya destapó graves irregularidades en los contratos de obras, en la etapa que era concejal de Obras Públicas y Urbanismo, el secretario general del PSOE de Buñol, Aurelio Palmer".

"Estas irregularidades --prosigue-- se concretan, entre otras, en un abuso de procedimientos de contratación de obras sin publicidad que han alcanzado la escalofriante cifra de un 80 por ciento del total de los contratos realizados por el Ayuntamiento de Buñol en el año 2010, que ascienden a una cuantía de 1.085.031 euros, es decir, ciento ochenta millones de las antiguas pesetas".

El Tribunal de Cuentas

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, vistas las "graves irregularidades" destapadas por la Sindicatura en la etapa de gobierno socialista, y solo en el año 2010, "ha abierto diligencias previas de investigación para verificar si existen responsabilidades penales en la gestión del Gobierno socialista en el anterior mandato".

Los 'populares' han recordado que los contratos investigados por la fiscalía del Tribunal de Cuentas son los relativos a obras públicas, "cuya competencia en esta materia correspondían a Aurelio Palmer, y cuya gestión ya fue objeto de causa judicial por las irregularidades en el edificio el Mirador".

Con todo, el PP ha subrayado que "la gestión económica y política de IU y PSOE en el Ayuntamiento de Buñol durante las tres últimas legislaturas están bajo sospecha". "Ante estas graves irregularidades --añade--, el Gobierno local y los partidos que apoyan el tripartito no pueden mirar hacia a otro lado, después de la imputación del alcalde Joaquín Masmano, deben exigirle responsabilidades políticas o se convertirán en cómplices del chapapote político de su gestión", opina.

Por su parte, el concejal Aurelio Palmer ha subrayado que, aunque es cierto que hubo una procedimiento abierto por parte del Tribunal de Cuentas, ya se dictó una resolución cerrando la investigación.

En dicho documento, el organismo considera que los hechos señalados en el informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Buñol, ejercicio presupuestario de 2010, "no reúnen los requisitos establecidos (...) para generar responsabilidad contable por alcance".

Asimismo, Palmer ha asegurado a Europa Press que su responsabilidad en el Ayuntamiento "se limitaba al área de Urbanismo, y no tenía capacidad en materia contratación".