El Rey firmó el nombramiento de Puigdemont el día siguiente de ser investido

El Rey Felipe VI firmó el 11 de enero de 2016 el nombramiento de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, un día después de que la Cámara catalana lo invistiera en el cargo.

La firma del Rey es indispensable para que un presidente catalán electo asuma el cargo, y se ha convertido en uno de los objetos de la polémica de la posible investidura este jueves de Jordi Turull como presidente de la Generalitat.

El independentismo ha forzado los tiempos para que Turull sea investido presidente este jueves, ya que el viernes ha sido citado de nuevo por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el proceso independentista.

Si se repite el guión de las tres últimas investiduras, la firma del Rey debería llegar el viernes, pero precisamente este día es el que Turull debe comparecer ante el magistrado Pablo Llarena.

El juez podría decidir el reingreso en prisión de Turull y, por lo tanto, la inhabilitación del exconseller como presidente, por lo que el escenario sería inédito: un presidente electo inhabilitado y pendiente de la firma del Rey.

ESTATUT AUTONOMIA

El artículo 67.4 del Estatut determina que "el presidente de la Generalitat es nombrado por el Rey" y, una vez está hecho, tiene cinco días para hacerse la toma de posesión, que históricamente se celebra en un acto solemne en el Palau de la Generalitat.

Sea cual sea la decisión del juez, lo único que está claro es que, si es investido, Turull acudirá ante el magistrado como presidente de la Generalitat electo, pero no como presidente de pleno derecho, ya que no hay tiempo para que asuma el cargo formalmente.

POSIBLE INHABILITACIÓN

La posible inhabilitación de Turull también abriría un escenario incierto: la Ley catalana de la Presidencia de la Generalitat fija que debe sustituirle de forma interina el vicepresidente o, si no lo hay, un conseller, pero en estos momentos en Cataluña no hay ningún Govern porque fue cesado.

Con Turull inhabilitado, estaría por ver si la iniciativa para encontrar una vía para salir del embrollo recaería en el presidente del Parlament, Roger Torrent, o la asumiría el Gobierno central a través del artículo 155.