Roca pasó de tener 15 millones en 1992 a 117 en 2002, según una pericial

El patrimonio del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y sus sociedades antes de mayo de 1992 ascendía a 15,8 millones de euros y se incrementó a 47,4 millones de euros en 1996 y hasta los 117,9 millones de euros en 2002, según una pericial realizada a instancia de la defensa del principal acusado, expuesta este martes en el juicio del caso 'Malaya'.

Este experto ha realizado un informe sobre la cuantificación del patrimonio de Roca, pero sin tener en cuenta la generación de rentas ni otros aspectos, como beneficios que se generaran, ingresos derivados de alquileres o por nóminas y gastos, fijándose únicamente en los activos de ese patrimonio y las deudas, para lo que ha utilizado todo el sumario y las piezas de convicción incorporadas al mismo, según ha dicho.

El perito ha especificado, a preguntas de la letrada de Roca, que del análisis efectuado se desprende que de los 117,9 millones de euros de patrimonio a fecha de abril de 2002, un total de 94,9 millones era la parte de sociedades y bienes inmuebles y 17,2 millones en obras de arte. Ha contestado que en su experiencia es "práctica habitual" el método utilizado por Roca de realizar las operaciones inmobiliarias a través de sociedades.

"Yo no puedo inferir que esto es extraño o ilegal por ningún motivo, porque era la práctica habitual en el mercado inmobiliario español en estas décadas, ya que se aquilataban y gestionaban todos los riesgos de un proyecto en una sociedad", ha apuntado el experto, al tiempo que ha apuntado que la realidad ha sido que este sector inmobiliario "ha experimentado crecimientos espectaculares" en los años analizados.

En este sentido, ha considerado que "no puede considerarse ilógico que un empresario que realice las cosas de una determinada forma, que tenga buena forma de hacer operaciones dentro de este mercado genere patrimonios de las cantidades o magnitudes que estamos considerando". Además, ha señalado que "en absoluto" calificaría la situación en la que estaba Roca en mayo de 1992 como de quiebra patrimonial o ruina.

Al mismo tiempo que este perito, han comparecido otros tres, dos de ellos funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación, para la práctica de un debate sobre los distintos puntos de vista, aunque la letrada de Roca se ha mostrado en contra de la forma en la que se iba a celebrar la prueba y no ha querido realizar preguntas más que al perito propuesto por ella. La Sala, tras deliberar, ha dado vía libre a que se llevara a cabo el debate.

El ministerio fiscal ha cuestionado el método y ha preguntado sobre cómo se han producido estos incrementos patrimoniales y si se ha analizado la trazabilidad de los fondos. El perito propuesto por la defensa del principal acusado ha reiterado que se ha limitado "a constatar qué activos y qué pasivos constaban en cada momento según los datos del sumario", analizando las operaciones realizadas en cada tiempo con la documentación aportada.

Ha explicado que se ha tenido en cuenta las participaciones en activos inmobiliarios y las participaciones en la constitución de sociedades. Además, ha incidido en que con la información existente era "imposible" determinar esa trazabilidad en todos los casos y ha apuntado que se han detallado las formas de pago cuando hay documentos al respecto. Sobre la quiebra de una de las sociedades de Roca, ha dicho que se le ha dado valor "cero".

Cuestionado por el incremento patrimonial en la última fase, desde 1996 a 2002, ha explicado que en muchas de las operaciones analizadas se ha visto como "se adquieren los inmuebles o solares por un precio, se hacen desarrollos urbanísticos, donde ni siquiera se ha financiado ese suelo y sin embargo ya se están materializando beneficios de venta que en su 100 por 100 van a amortizar", de forma que se produce un "efecto multiplicador del patrimonio.

Al respecto, los peritos de Hacienda y otro investigador han mostrado sus dudas ante estas cifras. Uno de ellos ha indicado que de los análisis realizados "no hemos encontrado ningún documento, ninguna clase de evidencia que acredite la existencia de alteración alguna en el patrimonio", considerando que el perito de parte debería haber verificado registralmente la información que le aportaron. Este debate continuará esta semana, previsiblemente el jueves.

PEDIR AMPARO

La abogada del principal acusado en el caso 'Malaya' ha pedido amparo al Tribunal encargado del juicio y la recusación de un funcionario de la Agencia Tributaria que ha participado en la investigación, por unas supuestas manifestaciones realizadas por éste a ella fuera de la sala de vistas antes de comenzar la sesión del juicio, en una actitud que ha calificado de "claramente amenazante".

La letrada Rocío Amigo ha puesto esto en conocimiento del Tribunal, solicitando la recusación del funcionario, al considerar que tiene interés manifiesto en esta causa y "animadversión", según han informado fuentes judiciales. A esta petición se han sumado varias de las defensas que estaban en la sala, aunque, según las fuentes, el Tribunal ha denegado esta recusación, por lo que la abogada ha expresado su protesta.

La letrada también ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Málaga, presentando un escrito en las dependencias colegiales, en el cual se relata lo que a su entender ha ocurrido, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución, quienes han apuntado que posiblemente se dé cuenta de esta petición de ayuda en la junta de gobierno del Colegio que se celebra este miércoles.

Este perito, que ha comparecido en distintas pruebas periciales, ha negado lo anterior y ha asegurado, ya en el juicio a preguntas de otro letrado sobre si tiene interés en este procedimiento a favor de algunas de las partes, que no tiene interés personal alguno, "ni amistad, ni enemistad, ni por motivos de parentesco". "En el primer momento que yo hubiera sido consciente del deber de abstención lo hubiera cumplido", ha apuntado.

Esto se ha producido después de que la defensa de Roca y este funcionario protagonizaran en la sesión de este lunes un tenso interrogatorio, en el que en un momento determinado la letrada indicara al perito: "no falte usted a la verdad" respecto a una declaración judicial, y éste le contestara: "a lo mejor tiene el fallo de memoria usted".