Rogelio Silva reclama a Caamaño "lealtad institucional en metálico"

En declaraciones a los medios, Silva ha señalado que Caamaño le había transmitido la "lealtad institucional" del Estado hacia Aragón y él había "forzado" la situación para reclamar, a su vez, "lealtad institucional pero en metálico, que es un matiz importante".

El consejero aragonés también ha comunicado al ministro la voluntad de Aragón de tener unas sedes judiciales "dignas", y le ha subrayado que no pueden trabajar "con estructuras del siglo XIX".

"Estamos en el siglo XXI -ha recalcado- y tenemos que trabajar con estructuras de este siglo".

Así, se ha referido a la mala situación de algunos edificios judiciales de Aragón, en concreto en las ciudades de Zaragoza y Huesca.

El consejero ha estimado que la adecuación de la trasera del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la modernización de las instalaciones de la Plaza del Pilar y en el recinto de la Expo supondrá "una cuantía muy importante" y no es aspiración del Departamento que todo lo pague el Ministerio.

Silva ha explicado que la Comunidad es consciente de que el Ministerio no va a pagar todos los proyectos de la región pero sí ha apelado a que se tenga en cuenta "el esfuerzo" de Aragón.

En relación a los 3 millones de euros pactados, el consejero ha dicho que el titular de Justicia se ha reafirmado en su compromiso de que se dote a la Comunidad con esta partida "de manera inmediata".

También ha estimado que si hasta ahora no había sido así se ha debido a una cuestión "meramente administrativa".

A juicio del consejero, la visita ha sido productiva y se han reactivado cuatro convenios referidos a programas informáticos en el ámbito de la justicia, "que ya están encima de la mesa para firmar".

A la pregunta de si existe un desajuste en los gastos con las recién asumidas transferencias, el consejero ha explicado que cuando una competencia llega a una comunidad autónoma, "la competencia mejora pero eso supone un gasto añadido y en Justicia ha sucedido lo mismo".

Ha estimado que, en estos 18 meses de transferencia, la Comunidad ha hecho un esfuerzo "muy importante" para que las cosas mejoren "y eso ha supuesto gastos en personal, en equipamientos, en acuerdos en materia de justicia gratuita... y la Comunidad ha gastado más que lo transferido".

Silva ha puntualizado que eso no quiere decir que la transferencia no se haya hecho bien si no todo lo contrario "se ha hecho bien pero la Comunidad ha adoptado un sentido de reclamación, es decir, la situación estaba mal y ponerla bien cuesta dinero".