Los hijos de Ruiz-Mateos alegan prescripción y dilaciones para que se anule un juicio por estafa

José María Ruiz-Mateos Rivero; Pablo Ruiz-Mateos Rivero y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se enfrentan a siete años de cárcel por un delito continuado de estafa y un delito de insolvencia punible. Mañana declararán ante la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña.

En la primera sesión de la vista oral, ha tenido lugar la fase de cuestiones previas al juicio El letrado de los tres hijos del empresario ha expuesto una serie de alegaciones para que las actuaciones se devuelvan al juez instructor para que se dicte un nuevo auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

En su intervención, el abogado de los Ruiz-Mateos ha planteado siete cuestiones previas al juicio, entre ellas la cuestión de prescripción de sendos delitos al transcurrir el plaza máximo previsto en la Ley para su enjuiciamiento.

También se ha quejado de que en el auto de transformación de las diligencias no mencionada a José María Ruiz Mateos padre ni nada sobre el delito de estafa, lo que a su juicio se debe producir que las actuaciones se retraigan hasta ese punto. Al igual que las defensas de la otra decena de acusados, ha alegado dilaciones, dado que los hechos se remontan a hace más de veinte años.

En su turno, el fiscal se ha opuesto a las argumentaciones del letrado, a lo que se han sumado el resto de las acusaciones particulares.

HECHOS DE LA ACUSACIÓN

El fiscal relata en su escrito de acusación que la compañía de los Ruiz Mateos "procedió a captar fondos de inversores" entre 1993 y 1997 a los que ofrecía"una imagen de estabilidad de la que carecía".

El dinero recibido era "destinado a conceder préstamos a otras sociedades vinculadas", pese a la prohibición del Banco de España. Y ocultaron una solicitud de suspensión de pagos tras descubrirse un déficit de 532 millones de pesetas

La causa ha sido sobreseída de forma provisional respecto a José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada hasta que recupere las facultades cognitivas, comunicativas y funcionales que le permitan el traslado y la asistencia al juicio oral.

El médico forense de la Audiencia Provincial confirma que el acusado padece una enfermedad sobrevenida que le impide ejercer con normalidad el derecho de defensa. La causa, por tanto, se archiva respecto de él hasta que recobre la salud y pueda declarar en el juicio. El tribunal revisará su situación todos los años para ver su evolución.