Ruz rechaza archivar 2 causas por crímenes en el Sáhara por ser entonces suelo español

En un caso rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y en otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.

En el primero de estos autos, el juez central de instrucción número 5 acuerda continuar con el procedimiento puesto que, tal y como informo el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron "en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional".

Según Ruz, los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sáhara Occidental era provincia española (...) "en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976 debiendo también asumirse la competencia de los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las Autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores".

Por otra parte, Ruz también se declara competente para mantener abierta la investigación iniciada a raíz de una querella por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.

El magistrado entiende igualmente en este caso que los hechos se habrían cometido "en territorio que a todos los efectos debe tener la consideración de español en el momento de la comisión de aquéllos", por lo que insiste en la "improcedencia del sobreseimiento de las actuaciones" a que se refiere la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Contra estas decisiones, que no son firmes, cabe recurso de reforma.

COINCIDE CON EL FISCAL

Ambas resoluciones son coincidentes con la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la semana pasada se opuso al archivo de estas dos causas y de otra en la que el juez Ismael Moreno investiga la muerte en 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún. En ultimo caso, el fiscal Pedro Rubira expuso que la disposición de la nueva justicia universal, que obliga a archivar los casos de forma retroactiva, no es de aplicación en este caso.

Defiende la Fiscalía que "tanto a nivel formal como jurídico, al Sáhara español se le consideraba como una provincia española", recoge el escrito, para concluir que España se convirtió en su "potencia administradora" desde 1965 y que no puede considerarse marroquí ni aceptarse que el reino alauí es competente para investigar estos hechos".