El ex alcalde de Santa Coloma dice que miembros de la ejecutiva del PSC le ayudaron a pagar la fianza

Muñoz fue detenido y encarcelado provisionalmente en noviembre del pasado año -hasta que se fijó una fianza de medio millón de euros que pagó en diciembre-, acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y falsedad en documento oficial, por la trama de corrupción "Pretoria", que salpicó también a antiguos altos cargos de CiU, como los ex consellers Lluís Prefaneta y Macià Alavedra.

En una entrevista a TV3, Muñoz ha asegurado hoy que miembros de la ejecutiva del PSC -partido del que fue suspendido de militancia tras su detención-, contribuyeron "a título personal" a la colecta que se organizó para que pudiera pagar la fianza de medio millón de euros -impuesta por el entonces juez del caso, Baltasar Garzón-, según ha informado la emisora en un comunicado.

"Hemos devuelto una parte del dinero, pero otra parte no, porque los donantes nos han dicho que no lo necesitaban y que lo devolviéramos cuando estuviésemos en condiciones de hacerlo", ha indicado.

En cualquier caso, Muñoz ha asegurado que desconoce si ha sido expulsado o suspendido de militancia en el PSC, porque no se lo han comunicado.

"Dos segundos después de que (la Guardia Civil) llamara a la puerta (y le detuvieran), yo ya sabía y me imaginaba que el partido me daría la espalda. El PSC funciona estrictamente así", ha apuntado.

El ex alcalde no ha dudado a la hora de alardear de que, según su versión, gracias a su estrategia de no vender suelo público, Santa Coloma ha sido la ciudad catalana "donde menos se ha notado la crisis en la construcción, porque casi no había promociones privadas, el Ayuntamiento siempre promovía la vivienda pública".

Además, ha subrayado que los funcionarios del Ayuntamiento y los anteriores gestores de la empresa pública Gramepark -también salpicada por el caso- hicieron "lo que tenían que hacer". "Nadie se ha llevado ni un duro de Santa Coloma, ni antes ni ahora", ha señalado el imputado en este caso de corrupción urbanística.

No obstante, según una auditoría encargada por el nuevo equipo de gobierno, Gramepark adjudicó de forma irregular 29 proyectos desde el año 2007 por valor de 35 millones de euros. Además, esta empresa pública se encuentra al borde de la quiebra técnica, con un "agujero" de 85 millones de euros, según el auto de Garzón.