Por un lado, solicitando la suspensión de los artículos de la Ley de Consultas populares catalana en el caso de que se incumpla la petición de autorización al Estado y, en segundo lugar, el Ejecutivo también podría recurrir directamente la inconstitucionalidad ante el TC adoptada fuera del marco de sus competencias. La ventaja de esta segunda vía, precisó, es que la suspensión de la convocatoria sería automática.
