Santamaría ve "bueno" que Hacienda pueda aportar al juez la documentación sobre el control de los pagos de Cataluña

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría después de que la investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acredite una malversación de casi 2 millones de euros en el denominado 'procés', mientras que el ministro Cristóbal Montoro ha dicho estos días que no se gastó un euro público en el 1-O. De hecho, el magistrado ha solicitado al titular de Hacienda que explique en qué se basa para hacer esa afirmación.

En declaraciones a los periodistas tras la conferencia-coloquio del exprimer ministro francés, Manuel Valls organizada por la agecia Efe, Sáenz de Santamaría ha saludado que el Ministerio que dirige Montoro tenga ahora la "oportunidad" de aportar la documentación y los datos sobre ese control presupuestario de la Generalitat.

APORTAR "TODO" LO QUE TENGA EL MINISTERIO

"Creo que lo que es bueno es que ahora desde Hacienda se tiene la oportunidad de aportar cuanta documentación dispone al proceso desde el máximo respeto a la actuación de los tribunales y en algo que nos compete a todos, que es la máxima colaboración con la Justicia y poner a su disposición todo lo que desde el Ministerio de Hacienda, como consecuencia del trabajo de todos estos años, se pueda tener a disposición", ha manifestado la vicepresidenta.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda enviará al juez Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, según informaron a Europa Press fuentes del citado departamento ministerial, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

Según las mismas fuentes, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde el año 2015. Esta medida se adoptó, señalan, porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad autónoma había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad de que se prestasen servicios públicos fundamentales, a asuntos no amparados por la Ley. Este control específico, además, estaba amparado por la Ley de Estabilidad.