Secretarios Judiciales ven una "privatización parcial" de la Justicia si se aumentan competencias de los procuradores

En un comunicado, el SISEJ lamenta que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón siga la línea marcada en anteriores iniciativas como la de la atribución a los notarios de los divorcios de mutuo acuerdo y matrimonios civiles, y la imposición a las personas físicas de una tasa dineraria para acceder a la justicia.

Según este sindicato, Gallardón "ha renunciado en la práctica a continuar el proceso de modernización de la administración de justicia" y han recordado que su primera medida fue suprimir la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia.

Además, critican que tras seis meses de Gobierno siga sin existir una planificación estratégica para la implantación de la Oficina Judicial, firmándose un reparto "inaudito" de competencias en materia de aplicaciones informáticas con el Consejo General del Poder Judicial, "en un marco dudosamente apropiado como fue la Conferencia Intersectorial de Justicia entre Estado y Comunidades Autónomas".

"Se insiste en proponer la agilización de los procesos basándose por una parte en la intimidación económica a la ciudadanía mediante la imposición de tasas y, por otra, en la atribución de funciones procesales de la administración a operadores jurídicos privados", ha denunciado el SISEJ.

Este sindicato defiende que en el escenario socioeconómico actual tiene cabida una administración de justicia pública y gratuita, pero al mismo tiempo eficiente y especializada. "Antes que privatizar el Ministerio de Justicia", han propuesto, "debe implicarse en la consolidación y creación de servicios comunes de ejecución, dirigidos por secretarios judiciales y atendidos por todos los Cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia, cuya capacidad, independencia y neutralidad para asumir el servicio está acreditada".