El Senado pide un nuevo juicio "con prontitud" y "con todas las garantías" para Pablo Ibar

El Senado ha mostrado su "más profundo rechazo" a la pena de muerte y ha dado su apoyo a Pablo Ibar, el español que fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos y cuya condena fue anulada en febrero. Además, ha pedido que se celebre un nuevo juicio con prontitud" y "con todas las garantías".

Así se recoge en la declaración institucional contra la pena de muerte y en apoyo a Ibar que este martes ha sido aprobada por asentimiento en el Pleno de la Cámara Alta y que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

"El Senado reitera explícitamente su apoyo para que se celebre con prontitud un juicio con todas las garantías y realiza un llamamiento a los poderes públicos para que continúen apoyando la defensa de los ciudadanos españoles que han sido condenados a muerte o se hallen en riesgo de serlo y, en particular, a Pablo Ibar", señala el texto al que el Senado ha dado luz verde.

Ibar tendrá un nuevo juicio por el asesinato de tres personas en 1994, aunque la fecha no está fijada. La pena capital contra Ibar por estos hechos fue anulada hace unos meses por el Tribunal Supremo de Florida, después de que el preso haya pasado 16 años en el corredor de la muerte.

FAMILIARES DE IBAR EN EL SENADO

Pablo Ibar y su familia han mantenido en todo momento su inocencia. De hecho, la semana pasada el padre del joven junto al portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, se reunieron con los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Senado, encuentro en el que reiteraron que es inocente.

Tras acoger la reunión con familiares del preso español, la Cámara Alta ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su "más profundo rechazo" a la pena de muerte "por ser la negación del más elemental de los derechos humanos". El Senado asume así "la declaración universal de derechos humanos que reconocer que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".

La institución aspira a su abolición en aquellas legislaciones en las que sigue en vigor y "se compromete a trabajar intensamente para alcanzar una moratoria universal en su aplicación".

"La promoción de la abolición de la pena de muerte ha sido y debe seguir siendo para todos los gobiernos una prioridad constante de la política exterior de España en materia de derechos humanos porque reafirma nuestra íntima convicción de que, por encima de diferencias ideológicas, todos compartimos que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social", señala el texto.