El alcalde de Sevilla lamenta críticas de IU por la Corrala y dice que ha contestado en 24 horas a una carta de la Junta

"El Ayuntamiento no ha tenido absolutamente nada que ver con la ocupación indebida de esas viviendas ni con su desalojo. Muestro interés es dar cumplimiento a la legalidad vigente y eso es lo que vamos a seguir aplicando", ha dicho el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación en cuanto al conflicto protagonizado por el colectivo de personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'.

Mientras la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, ha realojado provisionalmente a nueve de estas personas y esperaba hacer lo propio con otras ocho, extremo paralizado en el marco del desencuentro vivido entre PSOE e IU-CA como socios del Gobierno andaluz precisamente a cuenta de esta maniobra, Zoido ha insistido en la necesidad de atenerse a "la legalidad vigente", reiterando la idea de que, dentro de esa legalidad, el Ayuntamiento desea "baremar cuanto antes a estas personas y resolver este problema cuanto antes".

Y es que, como se ha informado, el destino de estas personas y su realojo pasa por una nueva evaluación de su situación socioeconómica a manos de los servicios sociales municipales, toda vez que según el Ayuntamiento, las notas informativas elaboradas por sus servicios sociales para que 'Ibercaja', como entidad privada, incluyese o no a estas personas en su programa solidario de viviendas arrojarían un resultado según el cual sólo dos de las personas evaluadas figurarían en el baremo social del Consistorio, extremo que de otro lado niega el colectivo de familias.

De cualquier modo, el alcalde ha defendido la labor del Ayuntamiento en el asunto y ha explicado que este pasado martes, él mismo ha "contestado" a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU-CA), una carta que ella le había remitido el día previo, extremo que ha esgrimido para indicar que el Consistorio hispalense está cumpliendo sus obligaciones en este conflicto. "En menos de 24 horas, la consejera tenía la contestación", ha dicho considerando, respecto a las palabras de Maíllo, que resulta "lamentable que entre las instituciones se actúe con esa deslealtad".